Por Victor Barrera 
Por Víctor Barrera
La presidenta Claudia Sheinbaum despejo toda duda al manifestar que durante su campaña electoral prometió la continuidad. Por tanto, seguirá el país igual. Con la misma línea de políticas públicas, establecidas desde hace seis años.
Sheinbaum Pardo, confirmo entonces que su papel principal es estar a cargo de la oficina de la presidencia, mientras que su Mesías, sigue forjando la ascensión de Andy al gobierno federal, que posiblemente será en el 2030, fecha en que termina el periodo concedido a Sheinbaum Pardo.
Esto también significa que las políticas públicas, que están más orientadas a maicear el voto, se seguirán fortaleciendo con la creación de más programas sociales, bajo la excusa de que es la recompensa la pueblo por muchos años de tenerlo sometido a un poder y a las políticas neoliberales.
Sin duda habrá muchos aplaudidores de estas declaraciones y políticas públicas, porque muchos de ellos seguirán gozando de la opacidad con la que se maneja y manejarán los recursos públicos para llenarse los bolsillos. Es decir, la nueva oligarquía política está contenta, porque sabe que podrán mantener el poder por varias décadas a cambio de unos cuantos miles de millones de pesos que se repartirán entre “el pueblo”, porque este pueblo seguirá siendo pobre.
Ahora, se seguirán delineando modificaciones constitucionales que sustenten el poder centralizado a una solo persona, en espera del arribo del hijo del Mesías, quien tendrá todo el poder y se explicara esto a través de la frase “la supremacía constitucional”.
Esta frase que ha permitido a la mayoría legislativa, compuesta por Morena y partidos aliados, a realizar los cambios suficientes para que nada, ni nadie pueda cambiar el destino el país con miras al 2030.
México será gobernado bajo la narrativa de que los gobiernos de la 4T llegaron para dar al pueblo lo que es del pueblo, y todo indica que será pobreza y más pobreza. Esto porque de seguir la misma línea de política iniciada por el Mesías, nuestro país está condenado a no tener crecimientos económicos superiores a dos puntos porcentual, lo que originara que, para solventar los programas sociales, que ayudan al pueblo, se tendrá que acudir a mayor déficit público, es decir deuda.
Pero antes de eso, el gobierno federal podrá echar mano de los fondos y fideicomisos, aun existentes para financiar todos esos programas que aparecen cada día en el país y que significa simplemente seguir distribuyendo la pobreza a costa de un menor crecimiento económico.
Por ello, se espera que en el próximo periodo de sesiones del poder Legislativo quede aprobada las reformas al Infonavit, que le permita al gobierno hacer uso de los fondos existentes, para bien del pueblo.
Se debe recordar que estas reformas están orientadas a dar mayor poder al director general del Instituto, sobre las otras dos partes que componen su consejo administrativo y comités de trabajo. Octavio Romero Oropeza, que, como referencia más cercana tiene el no haber podido estabilizar la situación financiera de Pemex, cuando fue su director y si recibir inyecciones de recursos que nadie sabe dónde se aplicaron.
Alguien podrá manifestar que el gobierno ha mantenido algunos organismos de supervisión del manejo de los recursos públicos y es cierto, pero estos organismos dependen directamente de las secretarias de estado, lo que implica que los trabajos de supervisión y aprobación del uso de los recursos públicos estarán de inicio sesgadas, porque no habrá ningún empedado del gobierno que manifieste que el gobierno cae en mal uso de esos recursos.
Así que los mexicanos estamos advertidos y hemos sido confirmados que no habrá cambio en la forma de hacer gobierno y de administrar los recursos públicos, y si alguien quiere hacer algún cambio, tendrán que hacer sus propias maporas, como lo dijera en alguna ocasión una senadora de Morena que ante la falta de argumentos para explicar esta forma de gobierno solo echo mano de la burla para la oposición y muchos mexicanos.