Por Victor Barrera 
El pasado 27 de diciembre se publicó una reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México, que impuso nuevas obligaciones a los propietarios de inmuebles en la capital del país, lo cual señalamientos de un nuevo atentado contra la propiedad privada.
De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la capital del país, la reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México conlleva una obligación para todos aquellos contribuyentes obligados al pago del impuesto predial que cuenten con un inmueble con un valor superior a los 4 millones 524,974 pesos.
De acuerdo con los estipulado en la ley, la obligación que deben de cumplir los contribuyentes con una propiedad para uso habitacional con un valor superior a los 4.5 millones de pesos, es la siguiente:
“… deberán presentar una declaración informativa ante la Secretaría (de Finanzas) respecto al estado que guardan los inmuebles destinados a uso habitacional, cuya propiedad o posesión actualice el pago del referido gravamen, respecto a su ocupación”.
Según un análisis de abogados del despacho Hogan Lovells, si bien la medida ya está vigente, las reglas de carácter general que especificarán cómo y cuándo deberá cumplirse dicha obligación todavía no han sido publicadas.
De acuerdo con el análisis de los abogados, si bien en la exposición de motivos del cambio se argumenta que dicha medida busca actualizar el padrón catastral para fines de planeación pública, ésta puede tener un trasfondo para la autoridad capitalina.
“Parece reflejar un interés de la autoridad por supervisar de cerca el estado de los inmuebles y, eventualmente, ajustar su valor catastral. Esto podría traducirse en una estrategia para fortalecer la recaudación fiscal, incluyendo la posibilidad de reclasificar inmuebles en rangos superiores, lo que impactaría directamente el monto del impuesto predial a pagar”, se lee en el análisis.
Si bien, todavía no se definen las reglas del formato para reportar la declaración informativa a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, es importante contemplar esta medida, ya que, de no cumplirla, podría haber sanciones para los propietarios.
De acuerdo con el análisis de Hogan Lovells, el artículo 465 del Código Fiscal prevé una sanción, que oscila entre los 4,272 y 10,821 pesos para quienes no presenten dicha declaración
Sin embargo, “por ahora no se conoce la forma ni el momento en que deberá presentarse la referida declaración, para lo cual habrá que esperar hasta que se emitan las reglas de carácter general que lo especifiquen”.
Para Diego Garrido, diputado del Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional (PAN), la medida infringe por completo el derecho a la propiedad privada de las personas, ya que solicita datos sensibles que ponen en riesgo a las familias.
“Esto desde luego, viola por completo el derecho a la privacidad de las personas. Están solicitando datos sensibles que ponen en riesgo a las familias, es una total arbitrariedad, digna de un sistema autoritario, porque ningún ciudadano tiene porqué darle esa información al gobierno sobre un bien privado”, expresó el legislador en un video en sus redes sociales.
Garrido indicó que existe el riesgo que aquellos inmuebles desocupados, puedan ser utilizados por el gobierno para regalarlos bajo el pretexto de “la vivienda social” y haga uso político de la medida.