Por Victor Barrera 
La diputada María Teresa Ealy Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 94, noveno párrafo del artículo 97 y cuarto párrafo del artículo 100 de la Constitución Política, a fin de establecer la creación de un mecanismo que vele por la garantía de que se juzgue con perspectiva de género.
Explicó que la creación de un mecanismo con facultades para interponer acciones de vigilancia, en caso de que alguna norma o ley vulnere los derechos humanos de las mujeres, sería una herramienta clave para asegurar que las mujeres sean juzgadas con perspectiva de género.
“Si una ley o práctica judicial discriminatoria es identificada, el Tribunal, a través de este mecanismo tendría la facultad de promover la impugnación de dicha norma y garantizar que el sistema judicial se ajuste a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación”, sostuvo.
Al respecto, expuso que el acceso a la justicia es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política y en diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Sin embargo, en la práctica, las mujeres, niñas y adolescentes continúan enfrentando barreras significativas dentro del sistema judicial que impiden el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos.
En ese tenor, la legisladora explicó que la violencia de género, la discriminación estructural, la revictimización y la falta de una perspectiva de género en la impartición de justicia, han generado un entorno de desigualdad e impunidad que afecta de manera desproporcionada a este sector de la población.
Mencionó que, pese a los avances legislativos y la creación de mecanismos de protección, los índices de impunidad siguen siendo alarmantes. Según informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la mayoría de los delitos relacionados con violencia de género no son denunciados, y de aquellos que sí llegan a instancias judiciales, un alto porcentaje no se resuelve de manera favorable para las víctimas.
En este sentido, agregó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) como garante de los derechos humanos y la legalidad, tiene el deber de asegurar que todas las personas reciban un trato equitativo ante la ley. Sin embargo, en numerosos casos, las mujeres y niñas enfrentan un sistema que no solo es ineficaz en la protección de sus derechos, sino que muchas veces las somete a procesos revictimizantes.
“La violencia contra las mujeres y niñas en México es una crisis persistente que requiere atención urgente. La falta de capacitación con perspectiva de género entre jueces, fiscales y operadores de justicia contribuye a la persistencia de estereotipos de género que obstaculizan el acceso a la justicia para las mujeres y niñas”, manifestó.
Ealy Díaz afirmó que esta propuesta tiene el objetivo de integrar un mecanismo que garantice la transversalidad de la perspectiva de género en el Tribunal de Disciplina Judicial, una medida fundamental para fortalecer la estructura del PJF. Esta modificación dijo, “no solo responde a la necesidad de modernizar y hacer más inclusivo el sistema judicial, sino que también se alinea con los principios de igualdad y no discriminación consagrados en nuestra Constitución”.
Resaltó que la implementación de este mecanismo se encuentra en consonancia con los compromisos internacionales que el país ha asumido, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca alcanzar la igualdad de género.
Agregó que adoptar este enfoque, significa reconocer y analizar las diferentes realidades que enfrentan hombres, mujeres y otras identidades de género en el contexto judicial. Al incorporar la perspectiva de género en las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial, se garantiza que todos los casos se consideren bajo un prisma que busque la equidad, fomentando así un acceso más justo y balanceado a la justicia.
Para que esta reforma tenga un impacto real y positivo, advirtió que es fundamental establecer un plan de implementación que incluya la capacitación y sensibilización continua de los magistrados y el personal del Tribunal de Disciplina Judicial acerca de la relevancia de la perspectiva de género. Asimismo, se debe contemplar la creación de mecanismos de supervisión que permitan evaluar sistemáticamente la aplicación de este enfoque en los procesos del Tribunal.