Por Victor Barrera 
A fin de que el Estado implemente las acciones y medidas preventivas necesarias para evitar que niñas, niños y adolescentes sean reclutados por la delincuencia organizada, la diputada Tania Palacios Kuri (PAN), impulsa una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4º y 16 de la Constitución Política.
El documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, propone además que las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, lleven a cabo acciones preventivas coordinadas tendentes a que niñas, niños y adolescentes no se involucren en actividades delictivas y sean víctimas de la delincuencia organizada.
Expone que el reclutamiento infantil es un problema multifactorial donde niñas, niños y adolescentes, sin consentimiento previo, se ven involucrados en actividades ilícitas de organizaciones criminales, “situación que trae consigo entornos y conductas de riesgo, que los conducen a caminos sin retorno y a estar dispuestos a vivir situaciones de violencia extrema, tanto como perpetradores como víctimas de violencia”.
Marginalidad, desigualdades, pobreza, deserción escolar, falta de acceso a escuelas, drogadicción y, en general, la falta de oportunidades, son alicientes para que la delincuencia organizada encuentre presa fácil de reclutamiento; por ello, resulta inaplazable tomar medidas integrales y legislaciones que aborden esta problemática y se garantice el interés superior de la niñez.
Palacios Kuri señala que la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) reporta que se registraron 34 mil 971 delitos contra personas de 0 a 17 años durante 2023, mientras que en 2022 fue de 30 mil 704.
Indica que, a nivel internacional, el país se ha adherido a diversos instrumentos que protegen el interés superior de la niñez y adolescencia, pero a nivel nacional “la deuda sigue siendo inmensa y de atención urgente”.
La diputada reitera que la iniciativa busca elevar a rango constitucional que el Estado en su conjunto sea garante de implementar medidas preventivas y acciones necesarias para evitar que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de reclutamiento por parte del crimen organizado.
Ello, dará certeza a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sin dejar de reconocer que se requiere del compromiso del Poder Ejecutivo Federal para garantizar que lo que se regula en todos los ordenamientos jurídicos se cristalice; es decir, se requiere un compromiso transversal para enfrentar esta situación.
“No solo bastan reformas a legislaciones, también se requieren presupuestos suficientes y debidamente orientados para afrontar esta crisis que viven niñas, niños y adolescentes a manos de los grupos criminales en el país”, puntualiza.