Por Victor Barrera 
Los 72 municipios de conforman el estado de Sonora se encuentran en una situación de sequía extrema o peor, lo que constituye la peor escasez para la entidad desde que se tienen registros, según informó el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) una semana antes de la celebración del Día Mundial del Agua.
La situación ha desembocado en que las presas se acercan a su mínimo histórico y con recortes sin precedentes en la tierra destinada para cosechas, mientras que las estrategias de los tres niveles de gobierno para atender la crisis enfrentan duras críticas por parte de ambientalistas, académicos y habitantes de regiones que ya observan consecuencias.
Los datos del SMN, recogidos y expresados a través del Monitor de Sequía en México (MSM), señalan que, para el 15 de marzo pasado, 61 municipios de Sonora, grupo donde se encuentra la capital, se encontraron en una situación de sequía “extrema”. Esto implica restricciones generalizadas en el uso del agua.
En los 11 municipios restantes, que incluye a Navojoa, Cajeme y Guaymas, tres de las ciudades más pobladas de la entidad, las proyecciones son todavía menos optimistas: se traducen, en términos del MSM, en “pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos”, lo que deriva en una probable “situación de emergencia debido a la ausencia de agua”.
El monitoreo de las presas con las que cuenta la entidad reafirma la crisis: son nueve presas que se encuentran al 13.46% de su capacidad, esto es 0.5 puntos por debajo del año pasado y que se compara con los niveles de almacenamiento registrados durante la sequía de 2004.
La situación actual de las presas se pone de relieve al considerar que el 21 de marzo de 2023 el nivel de almacenamiento era de 47.6%.
Este panorama ha limitado de manera importante la producción agrícola en una de las regiones que se caracteriza, en primer lugar, por ser la segunda que más agua destina a la agricultura y, en segundo lugar, por ser una de las que menos líquido destinan al uso doméstico.
Conagua informó, en concreto, que para 2020 Sonora destinó 0.4 hectómetros cúbicos al uso en el hogar y 768 para uso público–urbano; una unidad de medida que se traduce en que cada hectómetro equivale a mil millones de litros.
Se trata de cantidades cobran dimensión si se emparejan con los 5 mil 346 hectómetros cúbicos autorizados para uso agrícola. Según los datos oficiales, Sonora también se caracteriza por dedicar la mayor cantidad de agua al uso pecuario en todo México, aunque el volumen se mantuvo por debajo de los 30 hectómetros.
Al sur de Sonora se encuentra el Valle del Yaqui, una región destacada por su gran volumen de producción de trigo y que aporta, históricamente, cerca del 50% del trigo de todo el país. Allí, la sequía impuso restricciones que se expresan en una reducción del 79% de las tierras dedicadas a dicho cultivo.
Según los datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se sembraron en Sonora 51 mil 499.94 hectáreas de trigo para el ciclo agrícola 2025, mientras que un año atrás los productores reportaron la siembra de 248 mil 122.34 unidades de tierra.
A nivel nacional, el impacto se refleja en que la superficie dedicada al trigo cayó 50% a pesar de que gran parte del país dejó atrás la condición de sequía que presentaba en 2024.
El delegado de la Sader en Sonora informó este viernes que una de las alternativas es encontrar modos de reducir la cantidad de agua que se destina a este cultivo, al pasar de 7 a 3 riegos. A la par, se opta por la reconversión de cultivos: es decir, cambiar de productos agrícolas a otros que utilicen menos agua. En ese sentido, el funcionario afirmó que se contempla trabajar con canola, soya, ajonjolí y girasol, entre otros.
Ante la situación, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, presentó el 7 de febrero el Plan Hídrico Sonora: Agua para todos. El proyecto contempla la construcción de tres presas, y sus acueductos, en el cauce del Río Sonora a partir de una inversión de 7 mil 488 millones de pesos.
La medida ha sido cuestionada desde distintos frentes por el argumento de que “las presas no generan agua”, cosa que escaló al grado de que un par de días antes del anuncio un colectivo de académicos, ambientalistas y pobladores del Río Sonora y sus alrededores fueron recibidos por el mandatario luego de una protesta.
En la reunión, comentaron a Proceso integrantes de dicha movilización, el gobernador aseguró que el proyecto de las presas se trabajaba como una posibilidad, pero que no contaba todavía con la aprobación final para llevarse a cabo. También se comprometió a viajar al territorio donde se plantea la construcción para escuchar los argumentos de la población.
La visita del ejecutivo no sucedió, de modo que el 13 de febrero realizaron una protesta a las afueras del Congreso de Sonora y fueron recibidos en una sala del recinto por Omar del Valle Colosio, presidente del órgano legislativo local, junto a otros diputados que integran comisiones relevantes al tema.
“Sustentados en múltiples estudios académicos y la experiencia propia de las comunidades afectadas por proyectos similares en el pasado, exponemos ante ustedes que la construcción de presas no sólo no disminuirá los efectos de la sequía, ni garantizará el abastecimiento de agua para la ciudad de Hermosillo, sino que también tendrá consecuencias negativas, acumulativas e irreversibles para toda la cuenca, afectando sus ecosistemas, la biodiversidad, las actividades productivas, los medios de vida y por ende la salud y el bienestar de todas las personas que dependemos directamente de la cuenca del Río Sonora”, indica la carta que el colectivo entregó al legislador.
Durante el diálogo, Del Valle Colosio se comprometió a recorrer el territorio en cuestión, tal como lo hizo el gobernador morenista días atrás, pero el resultado fue el mismo: tampoco en este caso se realizó la visita.
El 12 de marzo se anunció, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, que la licitación comenzará en junio para iniciar la obra en julio a partir de una inversión inicial de 500 millones de pesos.
Uno de los problemas que se relaciona con la falta de acceso al agua, más allá de la sequía, es la gestión que se realiza en cada municipio, cosa que en la capital se ha puesto de manifiesto a través de un gran número de fugas que se registran diariamente. Esta fue una de las conclusiones emanadas de la organización civil Hermosillo ¿Cómo Vamos? tras un estudio presentado el pasado 20 de marzo.
“Para un sistema como el de Hermosillo, donde solamente se factura el 43%, yo digo que cualquier solución, y ahí ubico la desalación, las presas y cualquier otra que pretenda incrementar volúmenes a través de obras, finamente se va a topar con el problema de que mientras no atiendan la calidad del servicio en términos de las fugas en la red de distribución, mientras no se cumpla con la responsabilidad de medir el agua a toda la gente y que el usuario cumpla pagando e instalando su medidor, cualquier solución va a terminar posponiendo el problema y será gastar 7 mil 500 millones de pesos para que el agua se siga fugando en la red. La ciudad tiene problemas porque lo está fugando”, afirmo Juan Sánchez Meza, especialista en el tema y coordinador de la Mesa del Agua de la organización.