Por Victor Barrera 
Ante el incremento del delito de extorsión, que además han impulsado la violencia e inseguridad en varios estados del país, la Confederación Patronal de la Republica Mexicana, señaló que es urgente avanzar hacia una ley General contra la Extorsión.
El organismo apuntó que los grupos criminales han diversificado sus métodos para afectar a empresas, pequeños comercios y a la población.
Esto incluyendo a grupos como los migrantes, a quienes bajo el rubro de “protección”, le obligan a realizar pagos regulares, suplantando funciones estatales como la seguridad y la propia recaudación de impuestos, en los que se incluyen a servidores públicos para evitar sanciones.
Señaló que uno de los principales obstáculos para combatir el delito, es una tipificación uniforme en los códigos penales, la revictimización por parte de las autoridades, así como ausencia de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes.
El organismo puso énfasis en la cifra negra, ya que, de acuerdo con el INEGI, el 96.7% de los delitos no se denuncia, por miedo a represalias, criminales y hasta de funcionarios, lo que deja en indefensión a las víctimas.
Para sostener el alarmante incremento de este flagelo, el organismo puntualizó que en enero pasado se registraron 923 víctimas de extorsión, cifra 13.3% mayor respecto al mes previo.
Dijo que este fenómeno frena el crecimiento económico ya que las empresas y pequeños comercios destinan recursos para evitar ser víctimas de mayores daños o para pagar las cuotas exigidas por la delincuencia.
Recordó que según estimaciones el costo de la extorsión en 2023 ascendió a más de 26 mil millones de pesos.
Ante este panorama demandó reformas a la constitución para generar y coordinar acciones que persigan eficazmente ese delito.
Señaló que pese que hay actualmente cerca de 20 modalidades de extorsión, los códigos penales estatales apenas reconocen menos de la cuarta parte.
Afirmaron que se debe conformar una ley general que coordine responsabilidades entre las autoridades y fortalezca el trabajo de las fiscalías a nivel nacional.
Ante el alarmante incremento de este delito, la COPARMEX urgió a conformar una Ley General contra la extorsión.
Esto para que atienda entre otros, los vacíos legales para combatir ese flagelo, así como las complicidades que hay, por parte de servidores públicos, con delincuentes.