Por Victor Barrera 
Es muy grave que el Gobierno federal vaya a tener acceso a los datos biométricos de todos los mexicanos, pero lo es más que lo tenga a los registros telefónicos, con los que sabrá dónde estamos, quién nos acompaña, con quién hablamos, cuántas veces hablamos, a qué horas subimos a un avión, a qué horas te bajas de un avión, porque todo está registrado, advirtió el diputado federal Rubén Moreira Valdez.
Tras señalar que el próximo martes, en teoría, se votan la Ley de Seguridad Pública, y la de Inteligencia para la Seguridad Pública, previno, que con esta ley la Secretaría de Seguridad Pública puede pedir todas las bases de entes públicos y privados que existan, sin la participación de un juez, incluyendo los biométricos los registros de comercio, públicos, de casas, patrimoniales, fiscales y además los registros telefónicos.
En el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, acompañado por el economista Mario Di Costanzo, afirmó que a veces no nos damos cuenta para dónde va este país. “Toda esa información la van a juntar y la va a tener una entidad que no tiene los estándares de seguridad de otras partes del mundo. Eso es lo que se va a votar”, destacó Moreira Valdez.
Señaló que esta información se podrá pedir de cualquier persona, no necesariamente de un delincuente. Explicó que en la actualidad un juez es el que autoriza dar este tipo de información, pero se solicitan al Ministerio Público, no a la Secretaría de Seguridad, se le dicen al Ministerio Público las razones de sospecha de X persona y el juez valora.
Además, expuso el voto en contra del PRI dado que el Artículo 7 apunta que la Guardia Nacional será totalmente militar, ya sin formación civil.
Recordó que estos dictámenes se han intentado votar dos veces y por alguna razón Morena los quita del orden del día. Señaló que entre lo bueno de estas leyes está el planteamiento de una mayor coordinación, pero contiene los otros puntos que consideró muy malos.
En su oportunidad, Mario Di Costanzo cuestionó cómo el Estado o el Gobierno federal podrá asegurar que estos datos biométricos no van a ser utilizados, incluso para meterse en las cuentas de banco a través de un celular y modificar el saldo.