Por Victor Barrera 
El diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, del PAN, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes generales de Población, y de Educación, a fin de implementar estrategias que garanticen la reincorporación de las y los mexicanos repatriados al sistema educativo.
La reforma a la Ley General de Población establece que, en colaboración con las autoridades educativas federales y locales, la Secretaría de Gobernación implementará estrategias para garantizar la reincorporación de los mexicanos repatriados al sistema educativo, facilitando el acceso a todos los procesos necesarios para ello, entre los que se incluirán, por lo menos, la agilización de los procesos de inscripción, la convalidación de estudios previos y la oferta de programas educativos que se adapten a sus necesidades particulares.
Añade que se promoverá el acceso equitativo a la educación, asegurando que los mexicanos repatriados puedan participar en programas educativos en igualdad de condiciones, ya sea en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.
En cuanto a la Ley General de Educación señala que, en los casos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes y repatriados a nuestro país, se deberá facilitar el acceso a las normas, criterios generales y procedimientos para la revalidación de sus estudios, considerando la situación particular de cada persona. En tanto se lleva a cabo el proceso de revalidación sus estudios no se interrumpirán.El documento, turnado a las comisiones unidas de Gobernación y Población, y de Educación, menciona que entre los obstáculos que enfrentan los migrantes y repatriados se encuentra la carencia de documentos oficiales, como el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y las constancias de estudios previos. Esta falta de documentos les impide acceder a servicios básicos, especialmente a la educación pública, lo que dificulta su reintegración a la sociedad.
Enfatiza que, a pesar de que el acceso a la educación está garantizado por la Constitución y diversos tratados internacionales, los migrantes y repatriados enfrentan múltiples barreras administrativas debido a la falta de documentación.
“Los trámites para obtener los documentos necesarios son largos, complejos y a menudo inaccesibles para aquellos en situación de vulnerabilidad, lo que impide que los repatriados puedan acceder a la educación en igualdad de condiciones, limitando el pleno ejercicio de sus derechos”, agrega.
Destaca que a pesar de la existencia de marcos normativos que prometen la igualdad de acceso a la educación, las dificultades prácticas y administrativas persisten, lo que impide que los migrantes y repatriados accedan a una educación de calidad y en igualdad de condiciones con el resto de la población.
Considera que la falta de soluciones efectivas para estos obstáculos pone en riesgo el pleno ejercicio de su derecho a la educación y su integración social y económica.