Por Victor Barrera 
Durante su comparecencia ante el Comité de la ONU para la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, el Poder Judicial de la Federación reconoció rezagos en la judicialización de delitos contra personas migrantes, pero aseguró que se están generando cambios estructurales en sus políticas institucionales para mejorar la impartición de justicia con enfoque de derechos humanos.
Arturo Guerrero Zazueta, director general de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, dio respuesta a los cuestionamientos formulados por el Comité, en temas clave como el control migratorio, la interseccionalidad en políticas judiciales, el acceso a justicia en casos de trata y desaparición forzada, y la discriminación hacia personas migrantes.
El funcionario judicial informó que entre 2019 y 2025 se han dictado 53 sentencias en casos relacionados con delitos contra personas migrantes, de las cuales 43 han sido condenatorias. No obstante, admitió que en casos de desaparición forzada la judicialización sigue siendo baja: de 2018 a 2023, sólo se lograron 15 sentencias condenatorias, a pesar de más de 70 solicitudes de vinculación a proceso.
Respecto a la trata de personas informó que hay 485 sentencias federales en la última década, pero enfatizó que muchas víctimas migrantes no eran registradas como tales, lo que impidió una estadística clara durante años.
Guerrero Zazueta detalló que el CJF ha desarrollado desde 2021 un proyecto de transformación institucional con base en estándares internacionales. Como parte de este esfuerzo, se elaboró una política pública con enfoque en siete grupos prioritarios —incluidas personas migrantes— y se ha comenzado la sistematización de recomendaciones internacionales como ejes de conducta del Poder Judicial.
Además, se anunció que en junio de 2025 se lanzará un sistema de monitoreo automático en tiempo real para evaluar el cumplimiento del CJF con estándares internacionales, en particular en casos de desaparición forzada.
especto al incendio en Ciudad Juárez, dijo que hay cinco causas penales activas, aunque todas están suspendidas por un amparo interpuesto por víctimas para ampliar el plazo de investigación. La CEAV ha reconocido a 115 víctimas (69 directas y 46 indirectas) y ha entregado apoyos por 112 millones de pesos a 281 víctimas indirectas, según Guerrero Zazueta.
Fátima Ríos González, directora general de Movilidad Humana de la Secretaría de Gobernación, presentó un balance tras la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, señalando mejoras en infraestructura, protocolos y capacitación.
Informó que se suspendió la operación de 33 estaciones migratorias tras la evaluación de la CNDH, se construyeron nuevos Centros Integradores y de Atención a Migrantes, y se capacitaron a miles de funcionarios en protección civil y derechos humanos.
Sobre la niñez migrante, destacó la existencia de 106 espacios de alojamiento con capacidad para más de 9,300 personas, y el fortalecimiento de la red de asistencia social para canalizar a menores no acompañados.
En cuanto al alojamiento de personas en estaciones migratorias, Ríos destacó que el INM ya aplica el criterio de la Suprema Corte que limita a 36 horas el tiempo máximo de estancia.
“En la práctica, el procedimiento migratorio se resuelve en ese plazo. El siguiente paso es que esto se refleje en la ley de migración y su reglamento”, dijo.
A la par, la funcionaria explicó que los nuevos Centros Multiservicio de Inclusión y Desarrollo no reemplazarán a las estaciones migratorias, sino que atenderán a personas con necesidades de protección internacional y acercarán servicios del Estado mexicano a la población migrante en contexto de movilidad, particularmente en el sur del país.
La funcionaria explicó que existe ya un sistema de registro de personas extranjeras puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), el cual permite dar seguimiento a sus procedimientos administrativos y evitar duplicidades. Para niñas, niños y adolescentes migrantes, existe un registro específico que conecta al INM con el Sistema DIF y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en cumplimiento con una recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por su parte, Jennifer Catherine Feller Enríquez, directora General de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó un informe sobre las acciones del Estado mexicano para garantizar los derechos de mujeres y personas migrantes, destacando avances en salud, empleo, educación y lucha contra la discriminación.
Subrayó la operación de 37 Centros de Justicia para las Mujeres certificados y la recertificación de 51 más. Además, destacó que entre 2019 y 2023 se destinaron 400 millones de pesos para fortalecer estos espacios. “Se garantiza atención médica gratuita, sin importar la condición migratoria, incluida atención a víctimas de violencia sexual”, puntualizó.
En empleo, Feller Enríquez resaltó el lanzamiento del micrositio México te emplea, así como la colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados en el Programa de Integración Local, que ha facilitado más de 50,000 empleos formales para personas refugiadas. Sin embargo, reconoció los retos aún pendientes para evitar discriminación en instituciones bancarias.