Por Victor Barrera 
Con el fin de garantizar los derechos humanos de mujeres y niñas migrantes, así como cerrar brechas de desigualdad para este grupo poblacional, las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky, Ana Karen Hernández y el senador Alberto Anaya Gutiérrez propusieron modificar diversos artículos de la Ley de Migración, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección de mujeres y niñas migrantes en tránsito.
El senador Alberto Anaya, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) explicó que el objetivo de la iniciativa es establecer una serie de acciones para dar una atención diferenciada a las mujeres y niñas migrantes en tránsito.
Así como promover la prestación de servicios de atención médica y psicológica para este sector, priorizando aquellas en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia de género.
Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización y difusión, dirigidas a mujeres y niñas migrantes en tránsito, con la información sobre sus derechos, mecanismos de denuncia y accesos a servicios de protección garantizando que este material informativo sea accesible en diversos formatos.
Implementar protocolos especializados en la protección de mujeres migrantes; capacitar al personal de seguridad, vigilancia y custodia en perspectiva de género y derechos humanos para asistir a la población femenina y migrante.
Establecer que las mujeres y niñas migrantes en situación de violencia tendrán derecho a refugios y servicios de atención adecuados a sus necesidades, sin discriminación por su situación migratoria, asegurando condiciones de seguridad, asistencia legal y apoyo psicosocial especializado.
Y reconocer el derecho al respeto a su identidad cultural, origen étnico y lengua materna, sin discriminación de las niñas, niños y adolescentes que aplican a procesos migratorios.
El líder parlamentario enfatizó que la migración forzada de mujeres y niñas es un fenómeno complejo que requiere una respuesta integral y urgente. “La violencia, la explotación y la discriminación a las que se enfrentan en su tránsito son reflejo de una profunda crisis humanitaria que debe ser atendida con sensibilidad y compromiso”.
Señaló que las mujeres y niñas migrantes se enfrentan a una serie de riesgos que las colocan en una posición de extrema vulnerabilidad como la violencia de género que es una constante en su tránsito, manifestándose en diversas formas como abuso físico, psicológico y sexual, así como explotación laboral y trata de personas
Por ello, dijo, es fundamental que los países de tránsito y destino adopten políticas públicas que reconozcan la vulnerabilidad de estas mujeres y niñas y les garanticen acceso a derechos fundamentales como la seguridad, la salud y la justicia.
“La protección de las mujeres y niñas migrantes no es sólo una cuestión de asistencia humanitaria, sino un imperativo de derechos humanos que exige la implementación de medidas concretas y efectivas para su salvaguarda”, mencionó.
Anaya Gutiérrez subrayó que sólo a través de un enfoque integral, basado en la dignidad y la igualdad, será posible ofrecer un futuro más seguro y justo para ellas.
En este sentido, explicó que la atención diferenciada es un enfoque que reconoce y responde a las necesidades, características y condiciones particulares de ciertos grupos de personas que, por su situación de vulnerabilidad requieren medidas específicas para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
“Este enfoque se basa en el principio de igualdad sustantiva, que no significa tratar a todos exactamente igual, sino garantizar condiciones equitativas para que todas las personas puedan acceder, participar y beneficiarse en igualdad de condiciones”, detalló.