Con una gran aceptación de todas las bancadas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos propuestas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y con las cuales se amplían los permisos para la portación de armas de fuego para ejidatarios y funcionarios de áreas estratégicas.
Al emitir 476 votos a favor, 0 en contra y 2 en abstención, la Cámara baja dio el visto bueno a las modificaciones de 59 artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna al Senado de la República para su análisis.
Esta reforma, derivada de una iniciativa que presentó el 18 de septiembre de 2024 el exmandatario López Obrador, y la cual fue actualizada con propuestas del diputado César Israel Damián Retes (PAN) y del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, destaca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la encargada del control de todas las armas en el país.
En tanto, las reformas señalan la prohibición de toda posesión, transportación, uso o fabricación de instrumentos para mejorar el empleo del armamento en actividades ilícitas, ajenas a la práctica lúdica de caza o tiro.
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Al emitir 476 votos a favor, 0 en contra y 2 en abstención, la Cámara baja dio el visto bueno a las modificaciones de 59 artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna al Senado de la República para su análisis.
Esta reforma, derivada de una iniciativa que presentó el 18 de septiembre de 2024 el exmandatario López Obrador, y la cual fue actualizada con propuestas del diputado César Israel Damián Retes (PAN) y del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, destaca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la encargada del control de todas las armas en el país.
En tanto, las reformas señalan la prohibición de toda posesión, transportación, uso o fabricación de instrumentos para mejorar el empleo del armamento en actividades ilícitas, ajenas a la práctica lúdica de caza o tiro.
Por otro lado, al señalar que en México es prioridad la seguridad de las áreas estratégicas y la seguridad pública, en el dictamen se indica que los integrantes de las empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos podrán portar armas para el desarrollo de sus funciones, es decir, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banco de México (Banxico), Casa de Moneda, CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De igual forma abre la posibilidad para que ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo puedan poseer en su domicilio un rifle calibre .22’’ o una escopeta de cualquier calibre.
Sse plantea la posesión de armas de fuego autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en el domicilio de los ciudadanos para “su seguridad y legítima defensa de sus moradores”, de conformidad con la Ley y el Reglamento.
Por otro lado, subraya que los militares con jerarquía de generales, jefes y oficiales o sus equivalentes en la Fuerza Armada Permanente pueden poseer y portar armas con la sola acreditación de su personalidad militar vigente. Pero prohíbe a los militares portar armas de su propiedad para prestar sus servicios con particulares, sin la autorización de la Secretaría o de la Secretaría de Marina, según corresponda.
Entre las sanciones se establecen penas de hasta 30 años de prisión y multa de doscientas cincuenta a dos mil veces el valor diario de la UMA por traficar armas desde el extranjero; y hasta ocho años de cárcel por el uso ilegal de armas.
Desde Tribuna, el diputado Luis Arturo Oliver Cen (Morena), reconoció que durante el análisis de esta iniciativa se detectaron algunas inconsistencias, surgieron dudas y se detectaron áreas de oportunidad, por lo que “esta necesidad obligó a tener reuniones de trabajo con la propia Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de explicar la necesidad y viabilidad de la reforma”.
No obstante, aseguró que este dictamen fortalece el Estado mexicano, otorgando un instrumento jurídico actualizado y que permite mantener un adecuado control de las armas de fuego, evitar la sobrerregulación, atender inquietudes de los usuarios de armas de fuego, así como sancionar de manera clara y precisa a los infractores, principalmente de la delincuencia organizada.
Por su parte, el diputado del PAN, César Israel Damián Retes, destacó que con estas reformas debe quedar muy claro en la ley que el monopolio de la fuerza está a cargo del Estado, por lo que, dijo, es inaceptable permitir que la delincuencia organizada tenga una capacidad de fuego superior a la de las fuerzas de seguridad.
Por ello, sostuvo que “no basta con hacer una buena reforma, le toca al gobierno hacer que esta reforma no quede en letra muerta y se cumpla como es debido”, subrayó.