Por Victor Barrera 
En México se consumen diariamente alrededor de 70 millones de cigarrillos, de los cuales 14 millones, que representan 20%, son de procedencia ilegal, en su amplia mayoría (90%) importados ilegalmente al país. En ese comercio ilegal participan grupos de la delincuencia organizada, tanto en el contrabando, como en la comercialización.
De acuerdo con el reporte “Cigarros ilegales y crimen organizado”, elaborado por investigadores de El Colegio de México, 90% de las cajetillas de cigarros ilegales son de seis marcas importadas de manera ilegal de Emiratos Árabes Unidos, Vientan, Suiza, india, Corea del Sur y China, al menos eso se aprecia si se atiene a las marcas que aparecen en las cajetillas.
Además, los datos de los empaques analizados por los investigadores indican que algunos de esos cigarros ilegales se producen en los estados de México, Campeche, y Ciudad de México.
El documento preparado por Manuel Pérez Aguirre y Roberto Roldán Vargas y coordinado por Sergio Aguayo Quezada, del Seminario sobre Violencia y Paz, de esa institución, destaca que, el tabaco es uno de los bienes más traficados ilegalmente en el mundo. De 10 a 12% de los cigarros que se consumen anualmente a escala global es ilícito, lo que corresponde a un estimado de 400 a 460 billones de cigarrillos al año
En México, las cifras son aún más altas. Los cigarros ilegales representan 20% del mercado nacional lo que supone un incremento en relación con el año 2021, cuando esta cifra alcanzaba solamente 18%.
De acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, el comercio ilícito de cigarros en ocho ciudades mexicanas creció 140% en menos de una década, pasando de 8.5% del consumo nacional en 2017 a 20.4% en 2023.
Destaca el caso de Guadalajara donde el comercio ilegal de cigarrillos pasó de 10.6% en 2017 a 23.9%; Mérida donde pasó de 7.8% a 19.5% y Monterrey donde pasó de 1.4 a 18.6% en el mismo periodo. En la Ciudad de México, en 2017 se estimaba en 6.6% y en 2023 en 10.6%, según datos del INSP, sistematizados por los investigadores.
En el reporte, los académicos destacan que en México existen registros que indican que al menos desde 2012 se detectó esa actividad, cuando se incautaron 116 millones de cigarrillos ilegales.
Al respecto, Gerardo Esquivel, investigador de El Colegio de México dijo que en 2019 la autoridad señala que los estudios realizados en 2017 referían que estábamos ante un consumo alto, pero no tanto como lo consideraban las empresas cigarreras, pero lo que ha pasado es que (según una encuesta realizada en 2023), ya se rebasaron las estimaciones de las propias empresas formales. Una de cada cinco cajetillas del mercado sería de origen ilícito. Llama la atención en que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Global de Tabaquismo, realizada en 2024, en México 15 millones de mexicanos fuman regularmente. 10% de los hombres y 3% de las mujeres fuma todos los días, con un promedio de ocho cigarrillos diarios.
Por otra parte, Esquivel indica que, a partir de lo que sabe y con las aportaciones del citado reporte de El Colmex, hay al menos cuatro tipos de comercialización de cigarrillos ilegales, que son el contrabando desde otros países; los productos falsificados, por ejemplo, de marcas que ya no cuentan con registro oficial; producción ilegal; y producción de empresas legalmente constituidas del sector pero que no reportan parte de su producción.
Por otra parte el reporte, subraya que, aunque se sabe que los cigarrillos ilegales no pagan impuestos, aún se ignora la magnitud que tiene la sangría para hacienda pública.
Refiere un dato compartido en 2016 por el fallecido especialista en temas de seguridad, Alejandro Hope, según el cual por cada cajetilla de cigarros ilegal que se vendía en México, el erario perdía 27 pesos.
En 2017 la Cofepris estimó que se vendían alrededor de 340 millones de paquetes ilegales al año. Una estimación para 2017 señala que eso generaba un quebrando anual de 9,180 millones de pesos en términos fiscales.
Al respecto el economista Gerardo Esquivel explica que, hay que considerar que el gobierno “penaliza” ese tipo de consumo, al ser considerado un mal para la población en su conjunto. La forma en que lo hace es aplicando un impuesto adicional cuyo objetivo es tratar de desincentivar el consumo y corresponde a 160% del precio original.
Según el reconocido economista, se estima que, en 2025, el gobierno recaudará únicamente por concepto de impuesto al tabaco 52,000 millones de pesos.
Por ello y dada la dimensión que se estima tiene el mercado ilegal, el gobierno mexicano podría estar perdiendo, nada más por IEPS 13,000 millones de pesos.
Por otra parte, plantea que, para muchos, la razón por la cual ocurre ese consumo ilegal es derivado del excesivo gravamen. Sin embargo, a partir de lo que señala la encuesta de salud pública referida en el mencionado reporte, es posible pensar que ese no es el tema, sino la enorme heterogeneidad que hay en la venta de este tipo de productos a lo largo del territorio nacional.
Si el tema fuera simplemente el sobreprecio, asociado a los impuestos, la venta de consumo ilegal sería más o menos igual a lo largo de todo el país, porque todos los habitantes son sensibles al precio, pero lo que señala la encuesta es la heterogeneidad regional, reflexiona.
En otro aspecto, el reporte destaca que, al carecer de controles en sus componentes, los cigarros ilegales pueden tener sustancias tóxicas o desconocidas que incrementen los riesgos de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre otras.
Eso se traduce, además, en una carga adicional a un Sistema de Salud Pública con graves carencias que se recrudecen con el impacto que ese tipo de cigarrillos tiene en menores de edad.
Por ello, los investigadores que realizaron el reporte consideran que es urgente una investigación de laboratorio que “ilumine” el contenido tóxico de los distintos tipos de cigarrillos ilegales y los contraste con los legales.
Los investigadores destacan que, para existir una actividad así, el crimen organizado requiere de un apoyo permanente de funcionarios públicos de diferente nivel.
Remarcan la falta de información sobre la labor de las aduanas en el decomiso de tabaco ilegal.
En sus conclusiones, plantean, a manera de hipótesis, que existe una relación estrecha entre el comercio de tabaco ilegal y el ecosistema criminal.
Los grupos delictivos aprovechan su control sobre ciertos territorios para importar, fabricar, distribuir y/o vender este producto.
En su opinión, el tabaco ilegal se incorpora a otros productos en el portafolio criminal, como los expendios clandestinos de alcohol que, aunque no son productos ilícitos en sí, operan en una zona gris regulatoria.
Además, llaman la atención en que ese tipo de control también se extiende a la venta de artículos de piratería y fayuca, por ejemplo. Así, el dominio de las organizaciones criminales sobre este “ecosistema mixto” facilita la comercialización de productos no ilegales en el mercado informal.
Para Carlos Pérez Ricart, investigador del CIDE, el hecho de que uno de cada cinco cigarros que se consumen en el país sea de procedencia ilegal es delicado.
En opinión del especialista en mercados ilegales, dado que el asunto de la comercialización ilegal de cigarrillos tiene al menos las dimensiones de salud pública, evasión fiscal y la de seguridad, debe ser a tacado de manera integral mediante una política de Estado.
Expone que este asunto demuestra que, desde hace unos 15 años a la fecha, la delincuencia organizada ha diversificado su portafolio de actividades criminales.
Indica que una de las tesis centrales para entender la violencia actual en México tiene que ver con que, a mayor circulación de armas en México, los grupos criminales tuvieron suficiente acumulación de armas que les permitió incursionar en nuevos mercados, como el de la extorsión, trata de personas y otros como el de cigarrillos.