Por Victor Barrera 
Organizaciones sociales, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos, marcharon el jueves 8 para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado justicia por el asesinato del líder opositor al proyecto hidroeléctrico La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En Guerrero 14 dirigentes sociales, activistas y estudiantes han sido asesinados en los últimos 12 años.
Solo en el caso de tres integrantes de la Unión Popular de Iguala en 2013, el exalcalde José Luis Abarca fue sentenciado por desaparición forzada y homicidio, informó Abel López Rosas, de la organización campesina Vicente Guerrero.
«¡Gobierno asesino, mataste a un campesino!», gritaron frente a la Fiscalía General del Estado al concluir la marcha.
Marco Antonio Suástegui Muñoz, de 49 años, fue atacado a balazos por un solitario sicario la noche del 18 de abril, en viernes santo, cerca de la playa Icacos donde era prestador. Fue operado en dos ocasiones y resistió ocho días. Falleció el 25 de abril por la gravedad de las heridas.
Fue encarcelado en tres ocasiones por los gobernadores René Juárez, Zeferino Torreblanca y Héctor Astudillo. En las tres acusaciones salió libre por falta de pruebas.
Empuñando el machete, como un símbolo que dejó Marco Antonio Suástegui por la defensa del agua y la tierra, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), provenientes de la zona rural de Acapulco, marcharon por las calles de la capital del estado.
A la manifestación se sumó el núcleo agrario de Malinaltepec de la región Montaña; la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS); la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El Colectivo de Desaparecidos «Lupita Rodríguez Narciso»; Familiares en Búsqueda María Herrera; el Centro de Estudios Superior Paulo Freire; el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
La marcha inició a las 10:30 de la mañana en la glorieta Nicolás Bravo, al norte de la ciudad.
Se dirigió al sur hasta llegar a la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) a la 1 de la tarde.
En el recorrido se lanzaron las consignas para exigir el esclarecimiento del caso de Marco Antonio Suástegui.
«¡Marco murió, pero nunca se rindió!».
En la marcha Diana Hernández -hija del dirigente campesino Ranferi Hernández, asesinado junto a su esposa, suegra y ahijado en el 2017-, dijo en entrevista que en Guerrero hay ausencia y omisión por parte de las autoridades en los crímenes contra los luchadores sociales.
«No se ve la procuración de justicia, tampoco actúan para detener a los asesinos materiales e intelectuales», expresó.
Afuera de la fiscalía, Abel Barrera Hernández, director del Centro Tlachinollan, expresó:
«Marco Antonio desde hace tres décadas, cuando estudiaba arquitectura, comprendió que la lucha de los hombres, de los jóvenes y las mujeres que viven en el campo tenían que abrazar la lucha de los pueblos».
«Se fogueó en terrenos agrestes, en el río Papagayo, que ha sido la fuente de inspiración de hombres y mujeres en busca de justicia».
Los manifestantes exigieron informe de las investigaciones a dos semanas del asesinato.
Al lugar llegó el subsecretario de gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, operador estrella de la gobernadora Evelyn Salgado.
Para desactivar la protesta les gestionó una reunión con el fiscal general Zipacna Jesús Torres. No hay avances en las investigaciones.