Por Victor Barrera 
Jovita Vargas, titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, rechazó amparar a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, por lo que su orden de captura por el desfalco millonario en la entidad seguirá vigente.
El pasado 2 de junio, la jueza Vargas celebró la audiencia constitucional en el amparo que Aureoles tramitó para evitar ser detenido.
Este 4 de junio notificó su decisión de negar el amparo, misma que puede ser impugnada por el exmandatario estatal mediante un recurso de revisión.
“La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Silvano Aureoles Conejo”, señala la síntesis de la resolución notificada por la juez.
Aunque la sentencia no esté firme aún, el exgobernador no cuenta con ninguna medida que impida a la Fiscalía General de la República (FGR) detenerlo.
Esto, debido a que la titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, ante quien Aureoles también pidió amparo, notificó que le negó la suspensión definitiva contra la orden de captura que reclamó.
La FGR busca procesar a Aureoles por el caso del desfalco de 3 mil 412 millones 164 mil 310.69 pesos por la contratación directa de Inmobiliaria DYF para la renta y posterior adquisición de 7 terrenos en los que serían construidos los cuarteles de la Policía Preventiva de Michoacán.
La Fiscalía afirma que los montos pagados por el gobierno de Michoacán fueron a sobreprecio, que las obras están inconclusas y que los servicios que contrató, posteriormente, con la misma empresa para limpieza y mantenimiento sólo fueron simulados.
Sin embargo, de las conductas que afirma que Aureoles pudo cometer, calcula un perjuicio al erario de mil 52 millones 222 mil 490 pesos, una tercera parte del desfalco total por haber permitido concretar la compraventa de los 7 inmuebles a un precio por encima del que les correspondía.
Por ello, la jueza de control, Patricia Sánchez Nava, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente emitió orden de aprehensión en contra de Aureoles y cuatro de sus excolaboradores por peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y administración fraudulenta.
Proceso tuvo acceso al fallo de la juez Vargas en el que confirma la legalidad de la orden de aprehensión emitida contra el exgobernador.
“El acto reclamado que por esta vía se analiza no viola el derecho de exacta aplicación de la ley penal, ya que no se trata de conductas distintas de las previstas en los artículos 223, fracción I, penúltimo y último párrafo; 388, en relación con el 386, fracción III; 400 Bis, fracción I; 164, párrafo primero, todos del Código Penal Federal, ni existe aplicación analógica de las normas, pues en las descripciones legales se encuentran en esencia las definiciones de los hechos típicos.
“En ese tenor, no se advierte vulneración a sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señala la sentencia.
La jueza de amparo precisó que la orden de captura contra Aureoles sólo tiene como objetivo lograr su presentación ante la autoridad inicial y que pueda ser imputado en audiencia inicial.
“La orden de aprehensión es una medida transitoria, cuya vigencia es desde que se expide, se localiza a la persona contra la que se emitió y se le pone a disposición del juez que la dictó, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación.
“De ahí que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, constituye un acto mediante el cual sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado”, apuntó.