Por Victor Barrera 
Hasta 15 años de prisión contra bandas delictivas que utilizan sistemas de viodeovigilancia para cometer ilícitos, propuso el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), lo que permitirá fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad y combatir con mayor eficacia las estrategias de control territorial empleadas por grupos de la delincuencia organizada.
El legislador ecologista planteó reformar el artículo 164 del Código Penal Federal (CPF), a fin de incrementar en una mitad, la sanción penal prevista para el delito de que se trate, “cuando en su comisión se utilice, instale o se valga de sistemas de videovigilancia o cualquier otro medio de captación, grabación o transmisión de imágenes, sonidos o datos, con el propósito de facilitar la comisión del delito, evadir la acción de la justicia, o generar un clima de intimidación o inseguridad pública”.
La Ley actual señala que se impondrá prisión de cinco a diez años y de 100 a 300 días de multa al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, por lo que, con la propuesta del diputado Carrillo Soberanis, la sanción aumentaría hasta 15 años de cárcel y multa de hasta 450 días a quienes utilicen la videovigilancia para cometer sus ilícitos.
En su propuesta, el diputado del Partido Verde, resaltó que lamentablemente, en los últimos años el crimen organizado ha experimentado una preocupante evolución, no solo diversificando sus actividades ilícitas, sino también incrementando significativamente su capacidad operativa, pero sobre todo tecnológica.
Un claro ejemplo de esta tendencia es el uso extendido de sistemas de videovigilancia por parte de grupos delictivos, quienes han logrado instalar y operar redes de cámaras clandestinas para monitorear a autoridades, fuerzas de seguridad y a la propia población civil.
Señaló que, de acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad, se tiene registro de que estas bandas criminales han establecido sistemas de videovigilancia en al menos 23 entidades federativas del país. Esta capacidad de espionaje y control territorial refleja el alto nivel de sofisticación que han alcanzado y representa un grave desafío para las instituciones de seguridad pública, así como una amenaza directa a la gobernabilidad y al Estado de derecho.
Comentó que, frente a un entorno en constante transformación, caracterizado por la creciente sofisticación del crimen organizado, el uso indebido de tecnologías y la expansión de redes delictivas, es indispensable que las instituciones de seguridad actúen con visión estratégica, capacidad de innovación y un enfoque centrado en la prevención, la inteligencia y la cooperación interinstitucional. “Solo así se podrá garantizar una respuesta efectiva y sostenida que fortalezca el Estado de derecho y recupere la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, dijo.
Añadió que el uso de tecnologías por las autoridades en materia de seguridad pública es esencial para enfrentar los grandes desafíos en esta materia, por ello, “no podemos permitir que grupos delictivos se apropien de estas herramientas con el fin de debilitar la capacidad operativa y tecnológica del Estado, de ahí la presente propuesta cuyo objetivo fundamental es sancionar severamente el uso de cámaras de videovigilancia por parte del crimen organizado*