Por Victor Barrera 
“Nos dijeron que querían fortalecer la Secretaría de Seguridad, pero ahora entregan toda la operación al Ejército. ¿Quién será responsable cuando se violen los derechos de las y los ciudadanos? ¿La Sedena o la Secretaría de Seguridad? El diseño institucional es una trampa de impunidad”, advirtió Elías Lixa Abimerhi, coordinador de las diputadas y los diputados del PAN, al referirse a los riesgos de la reforma a la Ley de la Guardia Nacional que será discutida en el próximo período extraordinario del Congreso.
El coordinador panista señaló que la iniciativa impulsada por el oficialismo busca consolidar una estructura militar paralela que usurpa funciones civiles, centraliza el poder, elimina contrapesos y vulnera derechos fundamentales como la privacidad, el debido proceso y la rendición de cuentas.
“Lo advertimos hace más de seis años, lo que llamaron Guardia Nacional era solo un membrete. Hoy desenmascaran su verdadera intención: convertirla en una Guardia Militar, quieren vestir de uniforme castrense a una institución que, por mandato constitucional, debe ser civil”, declaró.
Entre los aspectos más preocupantes de la reforma, destacó que se otorgan facultades directas a la Guardia Nacional —ya en manos del Ejército— para requerir datos personales, geolocalización y otros elementos de vigilancia a las empresas de telecomunicaciones de los ciudadanos, sin el debido control judicial efectivo.
“Están institucionalizando el espionaje en tiempo real. Se reincorporan incluso figuras como las operaciones encubiertas, que la Corte ya había declarado inconstitucionales”, explicó.
Asimismo, advirtió que la reforma genera vacíos en la rendición de cuentas: “Todo lo que el Ejército construye se clasifica como seguridad nacional. Nadie puede fiscalizar cómo gastan el dinero público. Ahora, bajo el paraguas de la Guardia Nacional, este blindaje de opacidad se extenderá todavía más”, alertó.
Otra de las críticas centrales tiene que ver con la justicia militar: la reforma propone que los integrantes de la Guardia Nacional —aunque actúen en funciones de seguridad pública— sean juzgados por tribunales militares.
“Ni siquiera los propios elementos de la Guardia quieren someterse ante los jueces designados tras la farsa de la elección judicial. Y ahora, bajo este esquema, tampoco queda claro en qué casos serán juzgados por tribunales civiles y en cuáles por la justicia militar. Eso vulnera gravemente el derecho de quienes somos ciudadanos y no parte de las fuerzas armadas”, advirtió.
Finalmente, Lixa Abimerhi recordó que esta militarización ya tuvo una expresión simbólica durante la reciente jornada electoral, cuando personal militar fue visto dentro del INE: “No hay nada más civil que el derecho al voto. Pero ya ni eso respetan. La presencia de militares en las casillas o en las instituciones electorales marca una línea de absoluta gravedad que en una democracia no debería de cruzarse nunca”, concluyó.