Jueza concede suspensión provisional para detener demolición de la Ciudad de las Artes en Nayarit

 El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en Nayarit, concedió la suspensión provisional para demoler La Ciudad de las Artes, en la ciudad de Tepic de Nervo, situación que fue celebrada por la ciudadanía, en especial gremio cultural, que busca la restitución del espacio dañado. 

La resolución del juzgado, a cargo de la jueza Laura Andrea Casillas Bañuelos fue emitida tras un juicio de amparo promovido por ciudadanos, entre ellos artistas, gestores culturales, docentes y habitantes de la capital nayarita, quienes manifestaron preocupación ante violaciones a los derechos culturales, sociales, ambientales y de participación ciudadana, así como omisiones legales por parte de autoridades municipales y estatales.  

Dicha suspensión, que se informó en un comunicado, ordena a autoridades involucradas a “mantener las cosas en el estado que actualmente guardan”, es decir, abstenerse de ejecutar actos de demolición, deforestación o construcción en el espacio denominado “Ciudad de las Artes”, en donde el pasado 31 de mayo se anunció la construcción del estadio de fútbol “Nicolás Álvarez Ortega”, por parte del gobierno estatal a cargo de Miguel Ángel Navarro Quintero. 

Cabe recordar que el pasado viernes 20 de junio se realizó una conferencia virtual para anunciar la interposición de cuatro amparos en materia federal por parte del gremio cultural nayarita, conformados como “En Defensa de la Ciudad de las Artes”.  

Dos de esos recursos legales en colaboración con el despacho Art. 27 (despacho dedicado al litigio estratégico en materia de arte, cultura y derechos culturales), buscando suspender las labores en ese espacio, luego de denunciar amenazas y amedrentamiento policial a artistas que buscaban resguardar la Ciudad de las Artes, advirtiendo que la demolición alcanzaba un 90% hasta entonces, pues solo queda en pie los edificios de la Escuela Superior de Música y la Superior de Danza. 

Entonces, Carlos Lara, fundador de Art. 27, especialista en política y legislación cultural expresó en esa video-conferencia: 

“Es una vergüenza que la defensa de la cultura se tenga que hacer en tribunales, el algoritmo verbal del gobierno de apoyo a la cultura y hacer de la enseñanza y la educación artística un derecho queda pulverizado, porque una cosa es lo que dicen allá (la presidencia), y otra en Nayarit, ni la palabra de la presidenta vale, ha conminado en dos ocasiones al gobernados a establecer el diálogo y este ha contestado con la fiscalía. 

“El algoritmo verbal de la cultura es una vergüenza, que sea la ciudadanía, los artistas los que arriesgan su vida, porque eso es lo que están haciendo, poniéndose al frente de una demolición que no tiene sentido es vergonzoso, porque no tienen ni proyecto, ni permisos, ni planeación, solo a la Fiscalía de su lado, y porque es el gobernador y porque ya se va, así de burdo. Es lo que hay que cuestionar: ¿Por qué tenemos que acudir a tribunales gastándonos dinero y poniendo en peligro la vida para defender la cultura?”. 

La suspensión que alcanza a 15 dependencias estatales y del ayuntamiento de Tepic de Nervo, detalla en su expediente judicial la demolición de instalaciones utilizadas por la comunidad, como el anfiteatro, la pista de skate y senderos, así como la deforestación de más de cien árboles urbanos, falta de estudios de impacto ambiental y vial, ausencia de permisos e inexistencia de una consulta pública como lo establecen las leyes locales y federales en materia de desarrollo urbano, cultural y ecológico. 

En su denuncia, los colectivos indican que algunas empresas iniciaron trabajos de demolición (31 de mayo) incluso antes de que concluyera el proceso de licitación (se emitió la DGCM-IR-2025 el 4 de junio, sin proyecto completo ni información técnica necesaria). 

Además, se cuestiona el uso de recursos públicos asignados al proyecto, el cual —según afirman— no ha sido incluido en el Plan Estatal de Desarrollo, ni cuenta con presupuesto debidamente aprobado, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y economía. 

En el comunicado enviado por los artistas, se advierte que se buscará la restitución del espacio dañado y el reconocimiento del derecho colectivo a la cultura.