Por Victor Barrera 
El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la minuta en materia de Telecomunicación y Radiodifusión no es una ley censura o espía y no hay fundamento jurídico legal. “Ya lo dije: no hay un solo artículo por aprobar que contenga este asunto”.
En declaraciones a representantes de medios de comunicación, dijo: “no hay ley censura, no hay ley espía, son lenguajes muy atractivos desde el punto de vista opositor; lo respeto, pero no hay fundamento jurídico legal. Ya lo dije: no hay un solo artículo de la ley que se está por aprobar que contenga una sola alusión a la censura o a que se le espíe al ciudadano”.
Lo que sí hay –dijo– son mecanismos para que a los presuntos delincuentes se les geolocalice, “sí los hay. Y sí hay mecanismos para que, con autorización del juez se intervengan teléfonos, y sí hay mecanismos para que a partir de la aprobación de la ley no se vendan a diestra y siniestra, indiscriminadamente, los chips. Ahora van a tener control y creo que es para bien de la seguridad del país”.
Agregó que con la nueva ley se logrará el acceso a internet universal para todos y para todas, garantizar el uso justo e inclusivo del espectro de radio y televisión a grupos que no lo tienen: a niños, mujeres indígenas, afromexicanos y otros grupos que históricamente han sido olvidados y marginados.
Recordó que la minuta proviene de la autoría de la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que actuará como un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y se consagra lo que el T-MEC exigía: con independencia técnica, operativa y de gestión. Sus funciones estarán encaminadas a regular las concesiones y autorizaciones del espectro radioeléctrico.
La Comisión Nacional Regulatoria de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional Antimonopolios, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, cumplen esa función que con motivo de la supresión de los órganos autónomos, Cofece; es decir, las dos que desaparecieron, ahora cubrimos ese aspecto. “También nos sentimos emocionados porque el Estado continuará como prestador del servicio de internet”.
El diputado Ricardo Monreal abundó que el Estado mexicano continuará prestando el servicio de internet a la población, aunque se respetará la concesión comercial para servicios a usuarios finales, para competir en igualdad de condiciones con los privados mediante licitación pública y, en el caso de uso público, para cobertura social, oficinas gubernamentales o internet público en espacios abiertos, sitios públicos.
“Se innova o se introduce una innovación en los mecanismos de protección de derechos para defender los derechos de las audiencias de los usuarios y de accesibilidad para distinguir entre información, noticias y opinión en espacios y programas y, sobre todo, garantizar el derecho a la información conforme al artículo 6 constitucional”, añadió.
Estas adecuaciones impulsan la perspectiva de género, al establecer disposiciones encaminadas a que las niñas y mujeres tengan el acceso al internet y las telecomunicaciones en igualdad de condiciones. Se establece en esta ley descuentos en pago de aspectos a cambio de despliegue de infraestructura en zonas geográficas sin acceso y sin carreteras, pues tenemos muchas regiones en las sierras, en las montañas, en las selvas, con estas características.
“Descuentos en pago de espectro a cambio de que se despliegue infraestructura en zonas geográficas difíciles. También esta ley tiene el tema de la interconexión. Se sientan las bases para aumentar la interconexión”, agregó.
Enfatizó que de esta manera se crearán redes de uso social comunitario, indígena, afromexicano, con tarifas bajas accesibles. “Este es un gran avance que hasta ahora se le negó y se le ha negado a las comunidades indígenas esta posibilidad. El beneficio de redes sociales comunitarios indígenas y afromexicanos”.
Expuso que esta reforma plantea que se destinará entre el uno y el diez por ciento del presupuesto de comunicación social del gobierno del Estado mexicano a las radiodifusoras y acceso a banda FM.
“La propia ley que estamos discutiendo –subrayó– contempla la política inclusiva de espectro, la cual implica que se darán nuevas licencias para radioaficionados y se trabajará en apoyar los procesos productivos de la industria de desarrollo tecnológico relacionado a telecomunicaciones y radiodifusión”.
Además de todas estas medidas que benefician a la población y al desarrollo del país, añadió, se simplifican y homologan trámites para el despliegue de infraestructura en materia de telecomunicaciones.
Respecto a la consulta pública, “que ha sido muy discutida, se establece como una figura, como una política pública para opinar sobre los problemas de la naturaleza y sobre cualquier normativa emitida por la Comisión Reguladora”.
En cuanto a la publicidad de gobiernos extranjeros pagados por el extranjero, aclaró que no se permitirá, de aprobarse esta ley, “ni en televisión ni en radio la transmisión de propaganda política y ideológica de gobiernos extranjeros, excepto la promoción turística, la promoción cultural, la promoción deportiva”.
“Creo –dijo– que no hay mexicano o mexicana que se oponga a estas medidas, porque lo otro es injerencismo de gobiernos extranjeros en nuestro país que pueden estos gobiernos extranjeros comprar espacios en televisoras o en estaciones de radio concesionadas por el Estado en prejuicio del propio Estado”.
Sobre la adquisición o activación de chips móviles a partir de la aprobación de la reforma, que puede ocurrir este día, “será restringida y los operadores, las operadoras solo podrán vender chips, que ahora es de manera indiscriminada, a quienes presenten una identificación oficial vigente como parte de un esquema de control más estricto sobre las líneas telefónicas activas en el país. Este es un problema grave, porque es a través de estos mecanismos ahora de venta de chips indiscriminadas y sin control, como se cometen los principales delitos de secuestro y extorsión”.
“Eso ya no se podrá hacer y quien quiera comprar un chip tendrá que dar su identidad. Eso sucede en todo el mundo, en todo el mundo y por eso creemos que es benéfica. Además, se contempla la mitigación de basura espacial y la presentación de recursos orbitales como parte de la política de transformación digital nacional”.
Lamentó la práctica legislativa en la que se ha convertido el que las reservas son extensión de posicionamientos, donde no se sujetan al dictamen que se discute y se aprovechan para insultar a expresidentes, políticos y sexenios que nada tienen que ver y al final son retiradas.
Comentó que cuando se creó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se hizo como un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se le dotó de independencia técnica, operativa y de gestión, donde hay un mecanismo de nombramiento, pero el funcionamiento no depende de la presidenta ni de que sean removidos los funcionarios.
En cuanto a la obligación que habrá en los medios de comunicación para distinguir entre opinión e información, precisó que se trata de una nueva concepción del ejercicio de la función, pero se diseñó como un mecanismo de protección de derechos de las audiencias, no de la autoridad.
Dijo que no se debe convertir al juicio político, ni a la declaratoria de procedencia en vulgares mecanismos de persecución. Además, que hay una Comisión Jurisdiccional y una Subcomisión de Examen Previo que decidirá con libertad, por lo que afirmó que de su parte no habrá ninguna intervención que sesgue, obstaculice o difiera la aplicación de la ley. “Cuando hay elementos de prueba hay que hacerlo, cuando no hay pruebas no hay que entrar a una espiral sin rumbo e interminable”.
Reiteró que se genera distorsión de la información sobre propuestas, lo que genera prototipos como “la ley espía y la ley censura” cuando en la realidad nada tienen que ver, pero son muy atractivos desde el punto de vista mercadotécnico y mediático, pero es parte del papel de la oposición, por lo que –apuntó– no tiene descalificación ni reclamo contra ellos”.
Subrayó que “nosotros dotamos jurídicamente al Estado mexicano de las herramientas, pero ahora depende de la articulación y la puesta en práctica, a poner a funcionar lo que la ley establece, que requiere presupuesto, requiere no solo el empuje del Ejecutivo Federal, quizás tenga ella que destinar recursos en otras áreas que le autorice el Congreso de acuerdo con la ley, pero yo creo que va a haber resultados muy rápido, inmediatos, después de la aprobación de la ley de este día”.
Sobre la renovación de la Presidencia de la Cámara de Diputados adelantó que, aunque aún faltan meses, se honrará la ley y los acuerdos, por lo que pidió no acelerar los tiempos.