Por Victor Barrera 
En el marco de la sesión de la Comisión Permanente, el diputado federal, Ricardo Mejía Berdeja, presentó iniciativa que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de reclutamiento forzado, con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar este grave delito, especialmente en menores de edad, incluyendo migrantes.
Al hacer uso de la palabra, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), señaló que, ante la insuficiencia normativa para enfrentar este flagelo con eficacia, resulta imprescindible fortalecer el marco jurídico penal, reconociendo expresamente esta conducta como un delito autónomo, sancionable y, sobre todo, que se reconozcan las diferentes formas en que éste se manifiesta.
Detalló que el reclutamiento forzado es utilizado por grupos delictivos para la explotación sexual, trabajo forzado, sicariato, trata de personas donde, incluso, utilizan redes sociales para que, mediante engaños, citen a jóvenes para luego sorprenderlos y llevárselos en contra de su voluntad.
Mejía Berdeja explicó que, con la modificación propuesta, se establecerá con suma claridad que quien comete este delito es quien, por medio de la oferta de pago o no, reclute, procure, capte, induzca, obligue o coaccione a una persona o más a unirse o a colaborar con organizaciones delictivas, mediante intimidación, publicidad engañosa, engaño, extorsión, amenaza o violencia.
Asimismo, agregó, se establecerán agravantes para quienes afecten a personas menores de 18 años, mujeres embarazadas, personas migrantes, afrodescendientes o de pueblos originarios, así como profesionales que realicen actividades ilícitas en beneficio de dichos grupos, por ejemplo, gente que conozca de química y, contra su voluntad, sean reclutados para laboratorios de fentanilo.
“El reclutamiento forzado de personas, particularmente de niñas, niños, adolescentes y otros grupos vulnerables, constituye una grave violación a los derechos humanos, el derecho a la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, fundamentales para la dignidad humana; este ilícito somete a las víctimas a contextos de violencia y explotación, lo que afecta profundamente su dignidad, identidad y proyecto de vida”, finalizó.