Por Victor Barrera 
Un grupo de agentes de la Policía de Investigación (PDI) envió un oficio a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para denunciar una supuesta red de protección al narcomenudeo en el interior de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que estaría encabezada por el comandante Jesús de la Paz Díaz y respaldada por el jefe general Alfonso Mendoza Ramírez.
Los oficiales inconformes alertaron sobre la existencia de cateos manipulados, puntos de venta protegidos, ascensos sin mérito en la institución, déficit de personal y cargas laborales extremas, lo que contextualizan con un presunto aumento del narcomenudeo dentro de la Ciudad de México.
En el escrito, fechado y sellado de recibido por la Jefatura de Gobierno el 10 de junio de 2025, Mendoza Ramírez fue señalado directamente por su presunta responsabilidad en ocultar información importante a la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, con el propósito de evitar represalias o favorecer al comandante mencionado.
La postura de Alcalde Luján también fue consultada, sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
“Jesús de la Paz Díaz Venega, presunto futuro jefe general, estaría involucrado en actividades ilícitas relacionadas con la venta de protección a pequeños negocios (tienditas) dedicados al narcomenudeo. Según información recabada, Días Venegas exige cateos selectivos excluyendo a los comercios que forman parte de su supuesta red de protección”, denunciaron los oficiales en el escrito.
Y atribuyeron el incremento de narcomenudeo en la capital mexicana a la protección que reciben ciertos puntos de venta en la CDMX: “Y se han hecho cateos que solo son para alinear a los mañosos, y usted verá que todos los cateos realizados por la PDI son exitosos, porque si no hay estupefacientes, entonces se ponen”.
En un mensaje directo a Brugada, agregaron: “Ya usted se habrá dado cuenta que en todas las detenciones mediáticas SIEMPRE se les decomisa producto ilícito por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya que es una manera poco ética de investigación, para así poder relacionar el delito y vincularlos a proceso, por favor suplicamos que se informe y no le mientan”.
En particular, mencionaron que en la capital existen dos puntos relacionados con la venta de drogas, los cuales son mandados a custodiar por autoridades “de los más altos niveles”, por lo que está prohibido que unidades no autorizadas se acerquen: “Uno de estos lugares está en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc”.
Aunque no ofrecieron más detalles sobre la ubicación de los lugares mencionados, los elementos aseguraron que, en el caso del que se localiza en la demarcación encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, la PDI asignó a un agente con poca experiencia en la institución: “El viernes era agente de la Policía de Investigación, sin experiencia, el día lunes ya era un flamante comandante de la PDI, Ángel Marín García, siendo que hay muchísimos policías con experiencia, que han arriesgado la vida, que han tenido problemas legales por hacer su trabajo y no se les reconoce”.
Sobre Ángel Marín García no existe información pública en las plataformas de la Fiscalía capitalina, pero en la página del Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una declaración de situación patrimonial, la cual indica que entre 2020 y 2021 se desempeñó como operativo u homólogo (policía tercero) en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Según los datos curriculares que ofrece la dependencia, solo cuenta con el bachillerato concluido en 2020, aunque antes, de 2015 a 2020, estuvo adscrito a la Policía Bancaria e Industrial (PBI).
El caso del agente mencionado no es el único, según los inconformes de la PDI, tiene “muchos años” en los que no hay convocatorias de ascensos, mientras han atestiguado 43 nombramientos a grados superiores para integrantes con “elementos que tienen muy poco tiempo en la institución o no cumplen el perfil de mandos”.
“Hacemos guardias con un solo encargado y tres elementos en las diferentes Coordinaciones Territoriales en la Ciudad de México, aunque en documento (listas de asistencia) se aprecian más elementos, los cuales cumplen otras funciones como mesas de trámite e incidencias”, así describieron los quejosos sus condiciones de trabajo.
Remarcaron que existe un déficit de personal en la Policía de Investigación que se acrecienta debido a que el jefe general –Alfonso Mendoza Ramírez– les facilita irse al Centro Nacional de Inteligencia (CNI): “Tal es el caso de más de 300 elementos que la FGJCDMX ha capacitado y se han ido a la institución federal, si antes tenía problemas la PDI, ahora hay más”.
En el documento dirigido a la jefatura de Gobierno, los uniformados pidieron a la fiscal general de la capital mexicana, Bertha Alcalde, que no consulte únicamente a Mendoza Ramírez sobre las situaciones expuestas, pues aseguraron que le oculta información con el objetivo de proteger a Jesús de la Paz Díaz.
“Por ejemplo, el domingo 29 de junio dejaron de funcionar las tarjetas de Pemex Bienestar, y fue hasta el jueves 3 de julio que nos dieron gasolina con un TAG. La cuestión es que se hacen traslados de detenidos, recabar oficios, ir a lugares de los hechos, etc., ¿por qué no pararon las patrullas? Porque nosotros pagamos de nuestro dinero la gasolina”.