Por Victor Barrera 
El gobierno de Estados Unidos acusó a México de violar el Acuerdo de Transporte Aéreo firmado en 2015, al obligar de manera unilateral a las aerolíneas de carga estadunidenses a reubicar sus operaciones desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (MEX) hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo que ha generado pérdidas millonarias para las empresas de ese país.
De acuerdo con el secretario de Transporte estadunidense, Sean P. Duffy, existe un “evidente desprecio” por parte de México hacia los compromisos establecidos en el acuerdo bilateral, así como un comportamiento sistemáticamente anticompetitivo.
Según la postura oficial del gobierno mexicano, la medida se justificó por la supuesta necesidad de liberar espacio para realizar obras de ampliación y reducir la congestión aérea.
Sin embargo, Duffy subrayó que esa infraestructura prometida no se ha materializado tres años después.
Desde la administración Donald Trump se atribuyó la permisividad de esta situación a la gestión de su antecesor, Joe Biden, y de su secretario de Transporte, Pete Buttigieg.
“Joe Biden y Pete Buttigieg permitieron deliberadamente que México violara este acuerdo bilateral de aviación”, sostuvo el actual titular del Departamento de Transporte.
De acuerdo con el documento emitido por el Departamento de Transporte, se ejecutarán tres medidas inmediatas como parte de la respuesta oficial.
Primero, se establecerá una orden conforme a la Parte 213, que obliga a todas las aerolíneas mexicanas a presentar ante el Departamento de Transporte sus itinerarios detallados para cada una de sus operaciones hacia y desde territorio estadunidense.
En segundo lugar, se implementará una orden conforme a la Parte 212, que exigirá a las aerolíneas obtener aprobación previa del DOT para operar vuelos chárter de aviones de gran tamaño, tanto de pasajeros como de carga, entre ambos países.
Además, el Departamento se reserva el derecho de rechazar futuras solicitudes de vuelos provenientes de México si no se toman medidas correctivas que restablezcan las condiciones acordadas en el tratado de 2015.
La tercera medida, una orden suplementaria de “show cause”, va directamente contra Grupo Aeroméxico y su socio comercial Delta Airlines.
El Departamento propuso retirarles la inmunidad antimonopolio (ATI, por sus siglas en inglés), como medida para corregir las distorsiones actuales en el mercado binacional.
“En caso de que se finalicen las decisiones sobre ATI, Delta y Aeroméxico deberán suspender prácticas como precios conjuntos, gestión de capacidad compartida y reparto de ingresos, que requieren dicha inmunidad”, indica el documento oficial.