Por Victor Barrera 
La diputada federal Paloma Domínguez Ugarte presentó a la Comisión Permanente un exhorto para que la Fiscalía de Chihuahua garantice una investigación independiente y con enfoque de derechos humanos, que contemple todas las líneas posibles sobre el hallazgo de 383 cuerpos en el Crematorio “Plenitud” en Ciudad Juárez.
A través de un Punto de Acuerdo, la legisladora expuso que este hallazgo no solo revela una crisis sanitaria y forense, sino también fallas estructurales en la supervisión de los servicios funerarios y una posible red de negligencia e irregularidades que involucra tanto a particulares como a instituciones públicas.
“Es inaceptable que el crematorio operara en una vivienda adaptada, sin refrigeración, sin cámaras de resguardo adecuadas, y en condiciones totalmente contrarias a lo estipulado por las normas sanitarias”, enfatizó.
La legisladora dijo que hay pruebas que al menos seis funerarias privadas subcontrataron servicios de cremación con el establecimiento en juicio, sin verificar las condiciones en que operaba. Señaló que las familias contrataban un servicio digno para sus seres queridos y, en muchos casos, recibieron urnas con cenizas que no correspondían a los restos de sus familiares, lo que configura una posible estafa y un agravio moral profundo.
“Lo ocurrido en el crematorio Plenitud es una tragedia humanitaria y un crimen ético. Ningún ser humano merece ser tratado con tal grado de negligencia y desprecio, ni en vida ni después de la muerte. Este caso exige una respuesta institucional firme, urgente y transparente”, subrayó.
Por esta razón, la congresista del PRI solicitó una revisión inmediata y profunda de los mecanismos de verificación y control sanitario por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), para garantizar que ningún otro crematorio o funeraria en el estado opere fuera de la ley.
Agregó que, además, deben iniciarse los procedimientos de investigación y responsabilidad administrativa en contra de funcionarios públicos que, por acción u omisión, hayan incurrido en negligencia o encubrimiento de las condiciones irregulares en que operaba el crematorio “Plenitud”, y que de encontrarse responsabilidad, se impongan las sanciones que correspondan conforme a la ley.
También planteó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancione, en su caso, a las funerarias involucradas por incurrir en prácticas abusivas o fraudulentas que vulneraron los derechos de los consumidores.
“La dignidad humana no termina con la muerte. Como sociedad, y como Estado, tenemos la obligación de garantizar el trato digno de los restos humanos y la verdad para sus familias. Lo ocurrido en Ciudad Juárez no debe repetirse jamás”, concluyó la legisladora.