Diputado Ricardo Monreal destaca importancia de legislar para prohibir venta y consumo de bebidas energéticas a menores de edad

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, resaltó que se debe modificar la Ley General de Salud para que se cuide el consumo de las bebidas energéticas, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes. 

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena recalcó que presentó una iniciativa para alcanzar ese propósito.

Dijo: “es muy interesante, sé que habrá reacciones, sobre todo con las empresas que producen o que venden estos productos energetizantes”.

Argumentó que en Europa ya está legislado, y en varios países del mundo hay restricción y prohibición para menores de edad y “nosotros no estamos haciendo nada por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Son bebidas que generan adicciones y efectos similares a las drogas en menores de edad. Por eso vamos a insistir en que se modifique la Ley General de Salud”.

El documento, que fue turnado de forma directa a la Comisión de Salud por la Permanente, el pasado 9 de julio de 2025, reforma los artículos 215 y 419 y adiciona el 216 Ter de la Ley General de Salud, para prohibir la venta, distribución o suministro de bebidas energéticas a personas menores de 18 años, tanto en establecimientos comerciales como a través de cualquier otro canal de distribución o promoción.

También establece sanciones de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien viole esa disposición.

Además, define a la “bebida energética” como toda bebida no alcohólica que contenga en su composición ingredientes como cafeína, taurina, glucuronolactona, guaraná, ginseng, vitaminas del grupo B u otros ingredientes estimulantes, que se comercializan con el propósito de aumentar el nivel de alerta, concentración, o energía física o mental de quien la consuma. Dichas bebidas pueden contener azúcares, edulcorantes y otros aditivos.

El diputado Ricardo Monreal expone que el propósito es abordar esta problemática con un enfoque restrictivo que, de manera integral y anteponiendo el interés superior de la niñez, evite los riesgos asociados al consumo de las llamadas bebidas energéticas, al impedir que menores de edad las adquieran y consuman.

Subraya que las reformas representan una medida de protección de la salud pública que permitirá, a largo plazo, disminuir enfermedades asociadas al consumo de este tipo de bebidas y fomentará el disfrute de un mayor estado de salud entre la población en general.

Con ella se prevé establecer un marco regulatorio más estricto para la comercialización y promoción de las bebidas energéticas, con especial énfasis en los jóvenes, quienes son más susceptibles a los efectos adversos de estos productos. “Esta propuesta no solo se encamina a regular la venta y promoción de las bebidas energéticas, sino también a crear conciencia en la sociedad sobre los peligros que su consumo puede representar, contribuyendo así a la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes”.

Refiere que el consumo de bebidas energéticas entre niñas, niños y adolescentes ha aumentado en los últimos años, lo cual ha generado preocupación debido a los riesgos para la salud asociados con su ingesta, toda vez que contienen altos niveles de cafeína, taurina, azúcares y otros estimulantes que pueden afectar negativamente el desarrollo y bienestar de la infancia y juventud.

Destaca que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado su preocupación por el consumo de bebidas azucaradas y su relación con enfermedades no transmisibles, como la obesidad y la diabetes, por lo que este organismo recomienda reducir la ingesta de azúcares libres a menos del 10 por ciento de los alimentos que se consumen diariamente, y señala que una reducción por debajo del cinco por ciento proporcionaría beneficios adicionales para la salud. 

Indica que de aprobarse estas adecuaciones normativas se lograría adoptar un enfoque de prevención desde la legislación en salud pública y precisa que su iniciativa no tiene por objeto limitar libertades de consumo de la población adulta, sino salvaguardar el bienestar y el desarrollo saludable de las niñas, niños y adolescentes, conforme a las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano.