Por Victor Barrera 
Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, colectivos, académicos y defensores de derechos humanos expresaron su preocupación por la situación legal de Luis García Villagrán, reconocido activista en favor de personas migrantes, y exigieron que se garantice el respeto irrestricto al debido proceso en la audiencia de vinculación a proceso programada para el 11 de agosto.
García Villagrán fue detenido el pasado 5 de agosto en Tapachula, Chiapas, acusado de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de personas, y, según las organizaciones firmantes, ha sido objeto de criminalización desde la tribuna presidencial, lo que consideran una grave violación al principio de presunción de inocencia y una indebida presión sobre el proceso judicial.
Los colectivos recordaron que el defensor, beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2019, ha enfrentado amenazas y riesgos por su labor en la frontera sur, además de haber sido víctima de tortura y violaciones procesales en un caso penal de 2007, del que fue liberado gracias a un acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, los firmantes, entre los que se encuentran, la Red TDT, la Red Jesuita con Migrantes México, el Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero Ciudad de México, el Instituto para las Mujeres en la Migración, A. C., entre otros, alertaron que el caso de García Villagrán refleja un patrón global de criminalización contra quienes defienden derechos humanos, en el que se confunde la labor solidaria con delitos graves.
Entre las demandas planteadas se encuentran el cese de toda narrativa oficial que lo condene sin juicio previo, la actuación independiente de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, así como la liberación inmediata del activista si no existen pruebas claras que justifiquen su detención.