Por Victor Barrera 
Claudia Sheinbaum y el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, presentaron este lunes el decreto que formaliza la creación de este órgano transitorio, cuyo objetivo será convocar a la ciudadanía a participar en un amplio proceso de consulta y análisis para proponer cambios al sistema electoral mexicano.
Sé detalló que la Comisión tendrá como funciones organizar foros, debates y audiencias públicas en distintas ciudades del país; realizar consultas presenciales y vía internet; elaborar estudios y propuestas; y dar a conocer encuestas de opinión en octubre de 2025.
Entre los temas a discutir están el financiamiento y fiscalización de partidos y campañas, el sistema de votación —incluida la posibilidad del voto electrónico—, la representación proporcional en el Congreso, la libertad de difusión de ideas y la regulación de la propaganda gubernamental.
La primera mandataria mexicana aclaró que no habrá recursos extraordinarios para esta instancia: “Si acaso, cuando se realicen los foros, vamos a pedir apoyo a los gobiernos estatales y municipales”. Además, se indicó que la plaza que ocupa Pablo Gómez fue reasignada dentro de la estructura de la Presidencia.
Sheinbaum Pardo aseguró que la participación será lo más amplia posible. “Está abierta a que participen todos aquellos que deseen poner sus ideas sobre la mesa… legisladores, partidos, consejeros del INE a título personal, organizaciones, ciudadanos en general”.
Pablo Gómez explicó que la comisión nace al amparo del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que faculta al Ejecutivo a constituir grupos especiales de trabajo.
Señaló que México vive “un proceso de grandes cambios” en el que “el protagonista central de esta transformación es y ha sido el pueblo” y consideró que, mientras otros ámbitos han sido modificados en la Constitución y las leyes, “el régimen de partidos políticos y la organización de las autoridades electorales permanecen igual, lo que no es congruente con la situación política actual del país”.
La comisión deberá instalarse en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto, y sus conclusiones serán entregadas a la Presidencia en enero de 2026.