Por Victor Barrera 
Más de 40 empresas de seguridad privada, que formaban parte del padrón heredado por el exgobernador y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, operaban en Morelos sin los permisos correspondientes, informó Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“La administración anterior entregó un padrón de 183 empresas de seguridad privada. Después de revisar los expedientes, constatamos que 43 empresas no contaban con el permiso vigente para operar en Morelos”, detalló el secretario.
De enero a julio de 2025, la dependencia realizó 93 visitas en sitio para verificar que las empresas cumplieran con los requisitos y obligaciones para obtener autorización o revalidación. Urrutia Lozano agregó:
“Se han multado a 25 empresas mediante un procedimiento administrativo sancionador por no haber exhibido su póliza de fianza para el cumplimiento de sus obligaciones durante uno o dos años, o por haberla presentado de forma extemporánea. Asimismo, iniciamos dos procedimientos administrativos por irregularidades, donde se ordenó la suspensión temporal de actividades”.
El titular de la SSPC señaló que algunas empresas mostraron falta de cooperación con las autoridades: “Hemos tenido, o teníamos, una falta de cooperación de muchas empresas de seguridad privada que bloqueaban las instalaciones de centros comerciales, no proporcionaban información de presuntos asaltos, de presuntos vehículos al interior de los estacionamientos y no aportaban información en tiempo real”.
Ante esta situación, la gobernadora Margarita González Saravia instruyó que, a inicios de agosto, se iniciaran acciones de supervisión para localizar a empresas que prestaban servicios sin autorización estatal, a pesar de contar con permisos federales. Como resultado, diez empresas fueron sancionadas con amonestación pública, multa y retiro de personal, y seis de ellas iniciaron su proceso de autorización.
Al cierre de agosto, la SSPC reportó que 134 empresas cuentan con autorización vigente o se encuentran en proceso de revalidación, consolidando un padrón confiable que garantiza que los servicios de seguridad privada operen dentro del marco legal en la entidad.