Por Victor Barrera 
México estrenará el lunes una Suprema Corte de Justicia que surgió de unas inéditas elecciones ampliamente respaldadas por el oficialismo, lo que ha alimentado las dudas sobre si podrá preservar la independencia del partido que la eligió.
La idea de la elección judicial surgió del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) quien se enfrentó con frecuencia a los jueces que rechazaban sus reformas. López Obrador al igual que su sucesora, Claudia Sheinbaum, defendieron el proceso asegurando que los jueces que surgirían de los comicios de junio serían menos corruptos. Los críticos señalaron que la consulta corría el riesgo de politizar el poder judicial.
Se suponía que las elecciones serían imparciales, pero hubo casos en los que se distribuyeron folletos electorales que identificaban a los candidatos vinculados al partido gobernante Morena. Muchos votantes se sintieron simplemente abrumados por los 7 mil 700 candidatos que se disputaban más de 2600 cargos.
Sin embargo ahora, la Suprema Corte recibirá una atención especial. En ocasiones fue un contrapeso al popular López Obrador, cuyo partido también tiene ahora la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
“Si la Corte quiere asegurar su independencia no debería fallar de manera partidista simplemente para respaldar la posición que tenga el gobierno… sino que debería basar sus posiciones en derecho”, afirmó Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, al reconocer que esa será la “primera prueba ácida” que deberán afrontar los nueve ministros.
Antes de asumir el cargo, el nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, un abogado mixteco con amplia trayectoria en la defensa de los derechos indígenas, negó su cercanía con Morena y dijo que llegó al máximo tribunal sin “compromisos con ningún organismo o partido” y que actuará con “entera libertad y autonomía”.
Por ahora Aguilar, de 52 años, se ha comprometido a impulsar junto a sus colegas un proceso de apertura, modernización y acercamiento a las comunidades que incluirá audiencias públicas, así como cambios en la distribución de los casos para repartirlos entre diferentes tribunales y asegurar la celeridad de las decisiones.
Pero Ana Cárdenas, directora de proyectos jurídicos en México de World Justice Project — una organización internacional que promueve el Estado de Derecho en el mundo —, manifestó sus dudas de que la nueva Corte pueda asegurar una justicia expedita debido a que algunos de sus miembros no tienen suficiente experiencia y tendrán que afrontar “una curva de aprendizaje bastante empinada”. Tres de los nueve ministros vienen de la anterior Corte y el resto se estrenarán en el cargo.
En ese contexto el máximo tribunal recibirá una lista de casi mil 400 asuntos pendientes. Estos son algunos de los más destacados:
Si hay un reclamo que por años ha arrastrado México en instancias internacionales ha sido la prisión preventiva oficiosa.
López Obrador amplió los delitos por los que se encarcela automáticamente a una persona en espera de juicio, incluyendo algunos delitos no violentos. La política parece violar los tratados internacionales que México ha firmado.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentran entre los organismos que han pedido a México que derogue la política alegando que es incompatible con las normas internacionales sobre derechos humanos y lesiona los derechos a la libertad personal y el debido proceso.
Pese a las críticas, el gobierno mexicano se ha negado a derogar la prisión preventiva oficiosa alegando que es una herramienta necesaria para enfrentar la criminalidad.
Pero especialistas estiman que esta política no resuelve el problema de la violencia y, por el contrario, genera complicaciones en un país donde los juicios se alargan durante años y sólo dos de cada diez acusados son declaradas culpables.
De acuerdo con cifras del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatal de 2023, cuatro de cada diez personas privadas de la libertad en México no tienen sentencia.
Aun no se sabe cómo se manejarán los nuevos ministros, pero Goebertus planteó que “una Corte independiente debería ser capaz de ponerle límites al gobierno”.
El alto tribunal anterior se negó a abordarlo en sus últimos días.
Entre otros asuntos relevantes que también deberá resolver la Corte están acciones contra los códigos penales estatales en relación con el aborto y la declaración de inconstitucionalidad de normativas estatales que limitan a las infancias trans y los registros de niños, niñas y adolescentes.
Si bien la anterior Corte dio pasos históricos en 2021 y 2023 sobre la despenalización del aborto en México, aún no está claro si esa línea se seguirá para invalidar los códigos penales de algunos estados que consideran a la interrupción del embarazo un delito.
En ese sentido, Cárdenas afirmó que mientras no se tenga certeza si se preservará la línea jurisprudencial que privó en los últimos años no se podrá superar la situación de incertidumbre que impera en la actualidad.
Sobre las infancias trans y los registros civiles de niños, niñas y adolescentes, la pasada Corte también dictó hace más de tres años una histórica sentencia para invalidar la exigencia de tener 18 años cumplidos para solicitar una nueva acta de nacimiento que reconozca la identidad de género de las personas trans. Pero en algunos estados como Jalisco esa decisión no ha sido acatada, lo que ha suscitado reclamos y exhortaciones al máximo tribunal para que haga cumplir sus sentencias.
Según Human Rights Watch, sólo siete de los 32 estados del país permiten el reconocimiento de la identidad de género a niñas, niños y adolescentes y sólo tres han reconocido explícitamente las identidades no binarias en su legislación.
También están pendientes de decisión las impugnaciones de la normativa sobre concesiones mineras y de agua que impulsó López Obrador en 2023.
Los cambios incluían la reducción de la duración máxima de las concesiones de 50 a 30 años, y se le dio potestad a las autoridades para cancelar las concesiones si no se realizaban trabajos en ellas en un plazo de dos años.
La industria minera, en su mayor parte manejada por privados y extranjeros, ha sido objeto de quejas por los daños ecológicos, la especulación y el hecho de que las comunidades cercanas a las minas siguen siendo de las más pobres de México.
Los retos que plantean esos cambios esperan al nuevo tribunal.