Con el objetivo de fortalecer la productividad del sector ganadero, el diputado federal Juan Espinoza Eguía presentó una iniciativa para reformar el artículo 88 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y establecer, de manera explícita, el fomento a la infraestructura especializada de sacrificio pecuario, transformación y cadena de frío mediante esquemas que garanticen el beneficio de pequeños y medianos productores.
Explicó que con esta reforma se pretende sentar las bases para democratizar el acceso a la infraestructura estratégica del este sector. Se trata, dijo, de corregir una desigualdad estructural que ha marginado a la ganadería social y que, en coyunturas críticas como la actual, se traduce en vulnerabilidad económica para miles de familias rurales.
“El garantizar el beneficio para pequeños y medianos productores responde a la necesidad de construir esquemas solidarios y asociativos que permitan compartir los costos de infraestructura, hacer un uso más eficiente de los recursos públicos y garantizar que los apoyos no queden concentrados en unas cuantas manos”, agregó.
El legislador sostuvo que el objetivo es que los beneficios de la exportación de carne no se limiten a los grandes consorcios, sino que alcancen también a las comunidades ganaderas que sostienen la vida rural de México.
Indicó que esta modificación no solo atenderá un problema coyuntural, sino que proyecta al país hacia el futuro. Invertir en estos esquemas, señaló, significa elevar los estándares de calidad de la carne mexicana, abrir nuevos mercados internacionales y fortalecer la seguridad alimentaria nacional.
El diputado priista aseguró que al dotar a los pequeños y medianos productores de herramientas para competir en condiciones más justas, se fomenta la equidad, la competitividad y la sustentabilidad del sector.
“La aprobación de esta iniciativa contribuirá a proteger a la ganadería social, a dar certidumbre a los productores y a garantizar que el desarrollo rural sustentable sea, en verdad, un desarrollo incluyente y equitativo”, sentenció.
Recordó que la suspensión de las exportaciones de ganado en pie hacia los Estados Unidos, derivada de la detección del gusano barrenador, ha puesto en riesgo no solo la estabilidad de los mercados pecuarios, sino también la viabilidad económica de miles de pequeños y medianos productores que dependen de esa actividad.
Por ello, indicó aunque la exportación de carne procesada permanece abierta, lejos de representar una alternativa accesible, ha evidenciado una profunda desigualdad porque solo las grandes empresas cuentan con rastros certificados, plantas de procesamiento y transporte en frío que cumplen con los estándares exigidos por Estados Unidos, lo que deja en desventaja a pequeños y medianos productores.
En ese sentido, precisó que la propuesta no genera un impacto presupuestal adicional, en términos de lo previsto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, toda vez que no establece nuevas obligaciones de gasto, sino que precisa y fortalece los apoyos ya contemplados en el artículo citado.
Señaló que las acciones propuestas podrán ser implementadas a través del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, actualmente considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se crean cargas financieras adicionales para la Hacienda Pública Federal.