La diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI) impulsa una iniciativa que plantea la creación Padrón Nacional de Personas Sancionadas por Violencia contra los Animales, el cual será administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).
El documento, turnado a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, adiciona los artículos 420 Bis 1, 420 Bis 2 y 420 Bis 3 del Código Penal Federal.
La legisladora refiere que el padrón incluirá: nombre completo del condenado, la Clave Única de Registro de Población (CURP), entidad federativa de residencia, naturaleza del delito y duración de la inhabilitación para convivir, custodiar, adoptar o trabajar con animales.
Agrega que las personas inscritas tendrán prohibido, durante la vigencia de su registro, adoptar o adquirir animales por cualquier medio, prestar servicios profesionales o voluntarios en centros veterinarios, zoológicos, criaderos o albergues, así como tener a su cargo animales de compañía en el hogar, salvo autorización expresa de un juez.
Además, estipula que este padrón será de acceso público, sin perjuicio del respeto a los derechos humanos y la protección de datos personales conforme a la legislación vigente; su finalidad es exclusivamente preventiva y de control.
Guerrero Esquivel aclara que este registro no es una herramienta de venganza ni castigo social, más bien una medida preventiva, cuyo objetivo es evitar que personas que ya han demostrado comportamientos crueles a cualquier tipo de animal vuelvan a tener bajo su cuidado a una mascota, trabajen en criaderos, veterinarias, zoológicos, albergues, o adopten bajo identidades diferentes.
Expone que legislar en favor de los animales no es un capricho, ni un acto simbólico sino un compromiso con una sociedad más ética, más empática y más justa. “Proteger a quienes no pueden defenderse es también protegernos a nosotros mismos”.
Destaca que la mayoría de los estados de la República ya tipifican el maltrato animal como un delito; sin embargo, el Código Penal Federal sigue sin ofrecer un marco legal claro, homogéneo y con visión de largo plazo para proteger a los animales en el territorio nacional.
Recalca que en los últimos años la sociedad mexicana ha cambiado su forma de entender la relación entre los seres humanos.