Por Victor Barrera 
Por Víctor Barrera
Edgar Amador Zamora titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, menciono ayer ante diputados federales que en México se ha logrado transitar a una consolidación fiscal de forma sostenida y sólida, aun que para este año se modifica el déficit fiscal al alza.
Esto podría ser una paradoja, porque todos pensaríamos que una consolidación fiscal es cuando hay un crecimiento económico que permita cubrir lo suficiente para mejorar la calidad de vida de los pobladores y no existe un déficit fiscal en las finanzas públicas.
Sin embargo, desde hace seis años, el crecimiento económico mostrado por el país es insuficiente y el déficit fiscal se ha elevado en porcentajes que parecen casi inmanejable.
Por tanto, no existe un balance presupuestario porque el déficit es excesivo y esto mina el crecimiento económico, ante la necesidad de recortar los presupuestos a sectores productivos.
Si comparamos el manejo presupuestal de países similares al nuestro, observamos que los países destinan alrededor del 40 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) para crear infraestructura y servicios públicos que mejoran la calidad de vida de sus pobladores. México solo destina menos del el 25 por ciento del PIB, debido a que ante la incapacidad de tener una recaudación fiscal adecuada, el gato se reduce en los sectores lo que disminuye la capacidad de crecimiento.
Los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informa que en la mayoría de esos países los ingresos tributarios van del 25 al 32 por ciento del PIB. Mientras que en México solo se obtiene un 17.7 por ciento. Mientras en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el porcentaje rebasan el 33 por ciento.
Esta baja recaudación tributaria durante años se compenso, en buena parte, con los ingresos petroleros colchándose en un soporte importante para los recursos gubernamentales. Ahora que estos recursos son casi nulos, derivado de la situación fiscal de Pemex el panorama se vuelve distinto.
Así que, sin esos ingresos tributarios, los recursos que obtiene el gobierno caen drásticamente es necesario ajustar la inversión pública y hacer uso del déficit fiscal. En relación al gasto publico este ha venido disminuyendo del 9 por ciento que se aplicaba en 2009 a un 4.2 por ciento en 2014 y ahora en 2025 solo un 2.5 por ciento del PIB, esto por supuesto no provoca crecimientos económicos importantes.
De acuerdo a los criterios de política pública para el 2026 este nivel de inversión pública solo será de 2.3 por ciento, que se mantendrá hasta el término de este sexenio es decir hasta el 2030.
Entonces para mantener una inversión en energía, agua drenaje, carreteras, salud, educación y todo aquello que es menester del gobierno federal otorgar a la población se necesita un presupuesto adecuado o de lo contrario se provocara una falta de mantenimiento de lo existente y por consecuencia un deterior mayor.
A la par, el aumento de las transferencias directas a la población afecta a las partidas de gasto en educación superior, medio ambiente, vivienda y servicios a la comunidad, al gasto en salud, lo que debilita la provisión de bienes y servicios públicos. Y no ceja de crecer el gasto en pensiones. En el horizonte cercano, sin más recursos tributarios, no hay garantía de que se pueda mantener el déficit acotado, mientras que el bajo volumen de inversión sí permite saber que la economía permanecerá estancada.
Así que no se puede calificarse como responsable un equilibrio nominal de las finanzas públicas que se consigue a costa de secar el crecimiento. Se trata de un equilibrio fiscal espurio y, además, insostenible.