Por Victor Barrera 
El diputado Federico Döring Casar, legisla por atención integral como son garantizar derechos y salud principalmente a la diáspora mexicana que radica en otros países y regresa a México de manera voluntaria e involuntaria.
“Que muchas veces son personas olvidadas por el Estado Mexicano, personas que no tienen el acompañamiento consular y mucho menos un sistema que vea por su integridad ni por su familia”.
El panista explicó que en los últimos años, la comunidad migrante retornada ha enfrentado una realidad particularmente dolorosa: el incremento de suicidios y crisis emocionales entre quienes son deportados desde Estados Unidos.
Estas personas, recordó, regresan a México en condiciones de vulnerabilidad, muchas veces después de haber pasado por procesos de detención, separación familiar o estigmatización, lo que agudiza sentimientos de desesperanza y abandono.
A su llegada, lejos de encontrar mecanismos claros de apoyo, se enfrentan a la ausencia de programas inmediatos de reintegración que atiendan sus necesidades más básicas: orientación, acompañamiento emocional y herramientas para retomar su vida en condiciones de dignidad. Este vacío institucional convierte los primeros días de retorno en un periodo crítico que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
El diputado migrante Raúl Torres Guerrero, precisó que hay diversas organizaciones civiles, que han advertido que, sin un acompañamiento oportuno, los connacionales deportados experimentan un choque profundo al regresar a un país que muchas veces les resulta ajeno. La falta de contención y de apoyos inmediatos genera un riesgo real de que estas personas caigan en crisis que podrían prevenirse con acciones sencillas y coordinada desde el Estado.
En nuestro país, añadió Raúl Torres, como principal punto de tránsito y recepción de población retornada, se enfrenta a un reto mayúsculo: brindar contención emocional, orientación y apoyo material durante los primeros días de llegada. La falta de mecanismos institucionales deja a los migrantes en manos de sus propios recursos o de organizaciones civiles que, aunque valiosas, no cuentan con el respaldo suficiente para atender la magnitud del problema.
Esta brecha de atención multiplica la sensación de abandono y perpetúa el ciclo de vulnerabilidad.
A pesar de la magnitud del fenómeno, no existen programas institucionales permanentes en la Ciudad de México ni a nivel federal que ofrezcan acompañamiento inmediato a las personas deportadas.
“Han sido principalmente las organizaciones de la sociedad civil las que han asumido la tarea de brindar apoyo con recursos limitados, implementando acciones simples como las Welcome Boxes que ofrecen información, contactos de emergencia y materiales de prevención del suicidio.