Por Victor Barrera 
Luego de que hace unos días, trascendió un documento atribuido a la iniciativa privada, denominado “Argumentos en contra de la Reforma a la Ley de Amparo”, en el que se esbozan algunos efectos que la misma tendría, subrayando que “la propuesta dificulta la defensa de los derechos ciudadanos y afecta con mayor fuerza a quienes cuentan con menos, recursos, blinda actos autoritarios y fomenta la impunidad”; sin embargo, los empresarios organizados rechazan la creación del mismo y se deslindaron de éste.
El documento de seis cuartillas reconoce como mejoras “la digitalización de trámites y la fijación de plazos más cortos para dictar sentencias”, pero advierte que de prosperar como está planteada, “se imponen más requisitos para obtener protección, más obstáculos para detener actos injustos; más impunidad para la autoridad responsable y menos oportunidades de defensa de la Ciudadanía”.
A través de 12 subtemas entre ellos los relativos a las suspensiones que otorgan los jueces; procedencia del amparo en materia fiscal; efectos de la sentencia; mayores cargas al promovente, y endurecimiento en la fiscalización y criminalización entre otros, expone cómo los ciudadanos y empresas se verían afectados con esa reforma.
El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, entrevistado por Enfoque Noticias, dijo que, aunque hubo abusos de personas en relación a la solicitud de amparos, sí están preocupados que las personas y las empresas puedan quedar en la indefensión.
“Estamos analizándola; vamos a buscar en el Senado y en la Cámara de Diputados, para poder platicar, hay que escuchar siempre la otra parte y cuáles son los motivos, cuáles son los argumentos y de ahí partir con los argumentos nuestros. Es cierto que algunos amparos fueron preferenciales, entonces buscar que no nos quedemos en Estado de Indefensión, pero que también, cuál es el razonamiento a la mejor para obras especializadas. Tendríamos que desmenuzarlo esto, para saber los motivos y buscar que esto tenga el equilibrio perfecto, para que México tenga el Estado de Derecho y sobre todo la confianza que es lo más importante … ¿Hay alguna preocupación específica para el sector privado? Lo que se manifiesta desde el sector privado es no quedarnos en Estado de Indefensión”.
COPARMEX apunta que en la reforma advierte que algunas de las modificaciones propuestas debilitan gravemente el Juicio de Amparo, por lo que manifestó toda su disposición de participar en estas mesas de trabajo, que organiza el Senado, para asegurar que cualquier cambio legal, en vez de representar un retroceso, fortalezca el verdadero Estado de Derecho y preserve las garantías que protegen a los ciudadanos y a quienes generen empleos en el país.
Señala que uno de los aspectos preocupantes es que da facultades a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, para priorizar asuntos en la Suprema Corte, lo que abre la puerta, desde la opinión del organismo, a intervenir desde el Ejecutivo en la agenda judicial, lo que erosiona la independencia de los tribunales, debilitando la seguridad que necesita el país, para atraer inversión y generar empleos.
Subraya que las reformas restringen la suspensión de actos de autoridad, el único recurso que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio, lo que deja a los ciudadanos expuestos a decisiones que podrían aplicarse sin control, generando criterios contradictorios y mayor inseguridad jurídica.
Este lunes comenzarán en el Senado los conversatorios con la sociedad y especialistas, para analizar dicha Ley y el martes, se prevé sea analizada y votada en el pleno senatorial.
De acuerdo a uno de los impulsores de esta Reforma, el Coordinador de Política y Gobierno de la administración Federal, Arturo Saldívar, dicha propuesta busca limitar los abusos que hay de este instrumento, que en ocasiones lo único que logra es alargar el procedimiento al obtener suspensiones que van frenando el mismo, pero salvaguarda que el acto reclamado sí pueda ser recurrido, pero los intermedios no.
La Consejera Jurídica del Gobierno, Ernestina Godoy, señaló que con esta reforma los jueces deberán acotar quién debe cumplir la sentencia y qué le toca hacer, para que no haya pretextos por parte de las autoridades.
“El juicio de amparo, como todos sabemos, está garantizado en nuestra constitución; constituye el medio de defensa por excelencia del pueblo mexicano para la protección de sus derechos fundamentales. Actualmente el juicio de amparo en su tramitación es tardado, lleno de tecnicismo y vacíos legales; se establecen plazos y términos para una justicia pronta, en donde las normas actuales no están previstas, se establece una parte importante de justicia digital; en cuanto a cumplimiento y ejecución de sentencias. Las personas juzgadoras deben señalar con claridad quién debe cumplir la sentencia y qué le toca hacer para que no haya pretextos por parte de las autoridades”.