Por Victor Barrera 
Ante los desalojos recientes en la Ciudad de México, —en zonas como la Roma y el Centro Histórico, donde al menos tres decenas de familias fueron retiradas de edificios habitacionales, por lo que las asociaciones hacen un llamado al gobierno capitalino para establecer protocolos y regulaciones que protejan el derecho a la vivienda.
De acuerdo con la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda Adecuada “María Luisa Marín” y la Coalición Internacional para el Hábitat en América Latina (HIC-AL), es un avance que el gobierno local haya anunciado la creación de un protocolo sobre desalojos y la incorporación de medidas en el Bando 1 aunque insisten en que las acciones deben reflejarse también en la legislación civil y en los procesos judiciales.
“Llamamos a concretar también cambios en la legislación civil en materia de arrendamiento y desalojos. Esto considerando que en el 2024 entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), que busca unificar los procesos en todo el país”, indicaron las organizaciones.
La Clínica Jurídica y la HIC-AL realizaron un análisis sobre los desalojos en la Ciudad de México, en el que remarcan las limitaciones estructurales en los juicios civiles de arrendamiento y ejecución de desalojo. Entre las principales problemáticas destacaron:
Limitaciones procesales: De acuerdo con las organizaciones, la ley no garantiza notificaciones adecuadas, otorga apenas cinco días para responder una demanda de desalojo y se carece de mecanismos para proteger a infancias, adultos mayores o personas con discapacidad durante la ejecución. “Además, se permite la intervención de cargadores informales que operan fuera de la ley y no se contempla suspender un desalojo vía apelación”, menciona el documento.
- Falta de alternativas habitacionales: La legislación actual no contempla la obligación de proveer vivienda temporal o definitiva a familias vulnerables que quedan en situación de calle tras un desalojo.
- Prevalencia del derecho a la propiedad: Se observó que los jueces suelen dictar sentencias que priorizan la propiedad privada sobre el derecho humano a la vivienda, sin un análisis riguroso ni integral.
Las organizaciones enfatizan la urgencia de reformar el marco legal y fortalecer la protección a las personas desalojadas, con apego a los estándares internacionales de derechos humanos, por lo que proponen:
- Fortalecer las garantías procesales en los juicios de arrendamiento.
- Capacitar a jueces y autoridades en la interpretación constitucional y de tratados internacionales en materia de vivienda.
- Establecer un protocolo obligatorio de desalojos que asegure procedimientos transparentes y con perspectiva de derechos humanos.
- Garantizar alternativas habitacionales mediante políticas públicas para quienes enfrentan pérdida de vivienda.
“Desde este espacio de defensa seguiremos contribuyendo al derecho a la vivienda y confiamos en que estas propuestas sean retomadas por las autoridades y el Congreso en beneficio de quienes día a día ven vulnerados sus derechos en tribunales”, apuntó la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda Adecuada.