Por Victor Barrera 
El bloqueo de cuentas bancarias por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una de las medidas más severas que puede enfrentar un contribuyente en México. En términos sencillos, significa que las instituciones financieras reciben una orden de inmovilizar los recursos de una persona física o moral, impidiéndole disponer de su dinero hasta que se aclare la situación que dio origen al bloqueo.
Esta acción genera fuertes afectaciones económicas, ya que limita la capacidad de pagar nómina, proveedores o gastos personales inmediatos.
El SAT cuenta con un marco legal que le permite actuar para ordenar la inmovilización de cuentas, las cuales se encuentran principalmente en el Código Fiscal de la Federación (CFF) y en la Ley de Instituciones de Crédito, que permiten a la autoridad fiscal solicitar a los bancos esta medida. Las causas más comunes son:
1. Presunta participación en operaciones inexistentes o simuladas. Cuando el SAT detecta que un contribuyente factura operaciones sin sustancia económica (empresas “fantasma”), lo incluye en listas negras del artículo 69-B del CFF. En consecuencia, puede ordenar el bloqueo de cuentas.
2. Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se pueden inmovilizar cuentas cuando hay indicios de que los recursos provienen de actividades ilícitas o que se usan para fines delictivos.
3. Incumplimiento fiscal grave. Si existen adeudos fiscales considerables, resistencia reiterada a auditorías o actos de evasión, el SAT puede usar esta herramienta para garantizar el interés del fisco.
4. Domicilios fiscales irregulares. Cuando en visitas de verificación no se localiza al contribuyente o se detecta que utiliza domicilios inexistentes, esto activa alertas que pueden culminar en el bloqueo.
El bloqueo impide realizar transferencias, retiros, pagos con tarjeta o cualquier movimiento. Aunque el dinero sigue siendo del contribuyente, no se puede disponer de él hasta resolver la situación legal. Además, daña la reputación del afectado frente a bancos, clientes y proveedores, lo que puede generar pérdidas económicas irreparables.
Prevenir es siempre mejor que enfrentar un bloqueo. Algunas medidas clave son:
-Cumplimiento fiscal puntual: presentar declaraciones en tiempo, pagar impuestos y conservar la contabilidad en orden.
-Evitar operaciones sospechosas: no emitiendo ni recibiendo facturas sin respaldo real de bienes o servicios. Verificar a los proveedores en las listas del SAT.
-Mantener domicilios fiscales correctos: actualizados y accesibles para las visitas de verificación.
-Revisar alertas del buzón tributario: muchas veces el SAT notifica irregularidades antes de proceder al bloqueo.
-Comprobar origen de recursos: contar con documentación que respalde depósitos y transferencias, sobre todo si son montos elevados o recurrentes.
-Asesoría preventiva: trabajar con contadores y abogados especializados honestos, responsables y diligentes, para auditar periódicamente la situación fiscal y financiera.
En caso de que el bloqueo ya se haya ejecutado, el contribuyente puede recurrir a juicio de amparo indirecto o a medios de defensa fiscal para obtener la liberación de sus cuentas.
No obstante, el proceso suele ser largo y complejo, por lo que la prevención resulta la mejor estrategia.
En conclusión, el bloqueo de cuentas bancarias por parte del SAT es una medida extrema utilizada contra contribuyentes que representan un riesgo fiscal o legal. Aunque tiene fundamentos legítimos, puede afectar gravemente a empresas y personas.
Evitarlo depende de una gestión fiscal transparente, de la correcta verificación de operaciones y del acompañamiento profesional honesto, capaz y oportuno.