Por Victor Barrera 
Tras más de diez horas de debate, el Senado uruguayo, con el apoyo del oficialismo de izquierdas y de algunos opositores, respaldó por mayoría la ley de Muerte Digna, convirtiendo al país sudamericano en el noveno del mundo en permitir la eutanasia.
Aunque Colombia y Ecuador también han despenalizado la eutanasia mediante fallos judiciales de la Corte Suprema, Uruguay es el primer país de América Latina en consagrar esa práctica por la vía legislativa.
El Senado de Uruguay aprobó el miércoles 15 de octubre una ley de eutanasia, lo que sitúa al país sudamericano entre los pocos países donde pacientes graves pueden obtener legalmente ayuda para terminar con sus vidas.
El proyecto de la denominada Ley de Muerte Digna, que fue avanzando con sobresaltos durante los últimos cinco años, superó su último obstáculo este 15 de octubre, con el voto a favor de 20 de los 31 senadores. La normativa fue respaldada por todos los legisladores del oficialismo del Frente Amplio (izquierda) así como por algunos opositores del Partido Colorado y del Partido Nacional.
Así el Senado ratificó la media sanción de la Cámara de Diputados, que había respaldado la iniciativa con amplia mayoría en agosto pasado. La medida, que según algunas encuestas cuenta con un apoyo en torno al 60% de la sociedad uruguaya, fue respaldada por el presidente Yamandú Orsi y celebrada por distintos dirigentes.
La vicepresidenta Carolina Cosse felicitó a los senadores y remarcó que el objetivo de la ley «es regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir».
«Se trata de un hecho histórico, que coloca a Uruguay a la vanguardia en el abordaje de temas profundamente humanos y sensibles, y que reafirma nuestro compromiso con la dignidad, la libertad y los derechos de todas las personas», subrayó.
El texto aprobado en Uruguay busca garantizar el derecho a «transcurrir dignamente el proceso de morir», mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.
La legislación permite la eutanasia, realizada por un profesional de la salud, pero no el suicidio asistido, que implica que el paciente se autoadministre una dosis letal de la medicación prescrita.
A diferencia de las leyes de los estados de EU, Australia y Nueva Zelanda, que restringen la eutanasia a personas con una esperanza de vida de no más de seis meses o un año, Uruguay no establece límites de tiempo.
Además, exige que quienes soliciten la eutanasia sean mentalmente competentes. Si bien la ley no prohíbe por completo la eutanasia para personas con trastornos mentales como la depresión, exige que dos médicos determinen que los pacientes están psicológicamente aptos para tomar la decisión.
En el recinto estuvo presente Beatriz Gelós, una docente de 71 años que convive desde los 52 con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que causa una parálisis progresiva de los músculos hasta provocar la muerte del paciente.
Su historia se convirtió en símbolo del debate y, antes de la sesión en el Senado, había destacado el texto como «una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada». Para ella había «llegado el momento» de cerrar el debate y a quienes se oponen a la eutanasia, les dice que «no tienen idea lo que es vivir así».
La mayor oposición a la eutanasia en Uruguay provino de la Iglesia Católica. Sin embargo, la secularización ha erosionado la resistencia a la práctica en este país de 3.5 millones de habitantes, que prohíbe cualquier mención de Dios en los juramentos de cargo y declara la Navidad como el «Día de la Familia».
La aprobación de la ley consolida la reputación de Uruguay como uno de los países con mayor liberalismo social de la región. El país fue el primero del mundo en legalizar la marihuana para uso recreativo y aprobó una legislación pionera que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto hace más de una década.
Así, Uruguay se suma a otros ocho países que permiten la eutanasia: España, Países Bajos, Canadá, Nueva Zelanda, Ecuador, Colombia, Bélgica y Luxemburgo.
En tanto, en Chile, el presidente Gabriel Boric reanudó recientemente la iniciativa para la aprobación de un proyecto de ley sobre eutanasia, estancado desde hace tiempo en el Senado.