Por Victor Barrera 
La detención de un adolescente de 15 años acusado de homicidio, secuestro y venta de drogas en Tabasco volvió a poner en el centro del debate una de las realidades más alarmantes del país: el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales.
Se trata de un fenómeno creciente, invisibilizado por la falta de cifras oficiales y por una narrativa que tiende a criminalizar a las víctimas más jóvenes de la violencia estructural, como señaló la organización Reinserta A.C.
El menor, identificado como Derek Jair “N”, alias “El Niño Piedra” o “El Niño Sicario”, fue detenido el 12 de octubre por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco.
De acuerdo con los reportes, el joven portaba una subametralladora Uzi calibre 9 milímetros y trató de enfrentar a los agentes antes de ser arrestado junto con un adulto identificado como José Asunción “N”, “El Chuncho”, presunto operador de un líder criminal recluido en el penal estatal.
Las autoridades decomisaron armas, drogas y cartulinas con mensajes de advertencia. En el celular del menor, además, se localizaron videos relacionados con el secuestro de una mujer y el asesinato de una persona en el municipio de Paraíso, Tabasco.
De acuerdo con la organización Reinserta A.C., el caso no es aislado: “estos adolescentes no son enemigos públicos, sino síntomas de un país que les falló”, advierte la asociación.
En su pronunciamiento “Niño sicario: la herida abierta de un país que normaliza la violencia”, Reinserta señala que los menores involucrados en delitos suelen provenir de entornos donde la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades los empujan a dinámicas criminales que pocas veces comprenden o pueden evitar.
Según su análisis, 7 de cada 10 adolescentes reclutados por el crimen organizado desempeñaron funciones de sicariato, mientras que 6 de cada 10 comenzaron a consumir drogas entre los 11 y 15 años. Asimismo, el 60% creció en entornos donde la violencia se percibe como parte normal de la vida cotidiana.
A pesar de que el reclutamiento de menores constituye una forma de explotación reconocida por organismos internacionales, México carece de cifras oficiales que permitan dimensionar la magnitud del problema.
De acuerdo con el investigador Alejandro López Contreras, especialista en justicia penal para adolescentes, “la ausencia de normas que regulen estas conductas y garanticen una correcta reinserción deriva en una invisibilización del tema, además de convertirse en un factor de riesgo”
El experto señala, en un artículo publicado en la Revista de Ciencias Penales del Inacipe en agosto de 2024, que el reclutamiento de personas menores de 18 años por grupos criminales debería reconocerse como una forma de trata de personas, pues implica explotación y violación de derechos humanos.
Sin embargo, advierte que aún no existe una tipificación específica del delito, lo que limita su prevención y castigo.
El «Estudio sobre niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México», elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), subraya que las infancias afectadas por la violencia criminal quedan en un «limbo jurídico».
Por un lado, son tratadas como infractoras; por el otro, como víctimas sin mecanismos reales de protección.
El documento destaca que el Estado mexicano no ha desarrollado políticas integrales de prevención ni protocolos de atención diferenciada
El informe de la CNDH advierte que la violencia estructural y la falta de acceso a derechos básicos (educación, salud, seguridad y espacios recreativos) incrementan la vulnerabilidad de los menores frente al crimen organizado.
Para Reinserta, la única forma de frenar esta cadena es reconocer a los menores reclutados como víctimas de un entorno que los ha excluido.
“Cuando la niñez crece rodeada de violencia y sin espacios seguros, el crimen se presenta no como una elección, sino como la única opción”, indica la organización
La asociación impulsa una gira nacional con Guías de prevención del reclutamiento, dirigidas a docentes y comunidades, para fortalecer redes de cuidado y detectar tempranamente los factores de riesgo.
El caso de Derek Jair “N” recuerda otros como “El Ponchis” o “Juanito Pistolas”, nombres de adolescentes utilizados por grupos criminales en el pasado.
Como concluye Reinserta, “prevenir el reclutamiento es defender a la niñez y mantener viva la posibilidad de un país distinto”