Por Victor Barrera 
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) podría perder su autonomía frente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así lo propone la iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo que presentó la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, lo que sería una regresión de la reforma laboral.
La propuesta establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será la autoridad responsable de iniciar, conducir y resolver los procedimientos derivados de presuntas violaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva, mientras que el CFCRL únicamente integrará las investigaciones y las remitirá para que la STPS dicte resolución.
La iniciativa, ya presentada y publicada en la Gaceta Parlamentaria, destaca que “La Secretaría del Trabajo y Previsión Social será competente para iniciar (…) el procedimiento (…) solicitará al Centro Federal (…) que integre la investigación (…) El Centro Federal remitirá el resultado (…) a fin que la STPS emita la resolución.”
Con esta modificación, el CFCRL pasa de ser una autoridad técnica y autónoma, como lo definió la reforma laboral de 2019 para cumplir compromisos del T-MEC, a convertirse en un órgano subordinado de apoyo.
Expertos advierten que esto revierte el espíritu de independencia previsto para garantizar imparcialidad frente a sindicatos, empresas y gobierno.
Cabe recordar que la reforma laboral que tiene 6 años, y el propio CFCRL, fueron uno de los principales pilares de cumplimiento del Capítulo 23 del T-MEC.
La reasignación de funciones a la STPS puede abrir un flanco de cuestionamiento internacional, ya que Estados Unidos exige autoridades independientes y no dependientes del Ejecutivo para acreditar libertad sindical auténtica.
La reforma también concentra en la STPS la función sancionadora, lo cual otorga al gobierno federal una herramienta de control directo sobre conflictos sindicales y patronales, una dinámica que recuerda al modelo previo a 2019, cuando las Juntas y la propia Secretaría mediaban políticamente los casos.
Aunque la iniciativa incorpora transparencia sindical y mayores sanciones, en los hechos recentraliza atribuciones y reduce la facultad técnica del CFCRL, especialmente en su papel de árbitro neutral del modelo laboral.
Al respecto, Alfonso Bouzas, coordinador en el Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, dijo que la reforma tiene como objetivo “restarle autonomía al Centro, aunque eso es inconstitucional, ya que la reforma garantiza la autonomía del Centro Federal como vía para la conciliación de los conflictos laborales; con la propuesta se convierte al Centro en una oficina investigadora dependiente de la STPS”.
Añadió que “es un paso atrás en la implementación de la reforma…burocratiza la solución de los conflictos y exime de responsabilidades a los sindicatos que violan los derechos colectivos, es en suma regresar al pasado en peores condiciones”.