Por Victor Barrera 
Un intercambio de ataques y acusaciones públicas entre dos de los tres integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) agravó el descrédito que arrastra este andamiaje institucional, que nació en el sexenio de Enrique Peña Nieto y nunca logró convertirse en un actor relevante en la lucha contra la corrupción.
Ayer, la presidenta del CPC, Vania Pérez Morales, denunció que «una consejera» del organismo presionó para bajar un comunicado en el que se pedía una investigación sobre el enriquecimiento inexplicable del senador morenista Adán Augusto López Hernández.
En un mensaje publicado en redes sociales, Pérez aseveró que el equipo de apoyo realizó un «acoso» para eliminar el comunicado, un acto que la presidenta del CPC equiparó a una «censura».
Aunque Pérez no mencionó a la «consejera» por su nombre, resultó evidente que se trataba de Patricia Talavera Torres, quien es la única otra mujer entre los tres integrantes el CPC.
Hoy, Talavera respondió a las acusaciones de Pérez, a quien acusó de publicar el comunicado de manera «unilateral» y sin buscar el consenso de los demás integrantes del CPC. La consejera se lanzó contra la presidenta, cuyo mandato «está por concluir», y la acusó de perseguir una «notoriedad pública».
«Niego categóricamente haber recibido o atendido llamada alguna del Senado de la República respecto de este asunto», abundó Talavera, quien rechazó haber actuado «bajo presiones» y aseveró que no tolera «las mentiras».