Por Víctor Barrera
Será la próxima semana cuando los diputados federales inicien el análisis de la iniciativa de Ley referente al delito de extorsión, esto para buscar la manera de ir erradicando uno de los delitos más recurrentes en el país.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo cuenta con 45 artículos, los cuales deberán ser analizados uno a uno, porque en ellas están modificaciones como hacer más contundentes las sanciones con el objetivo de inhibir el delito.
Pero debe entenderse que este delito aparece de diferentes formas, desde las llamadas telefónicas, o el cobro de piso, que son las más recurrentes y otras formas que el crimen organizado han utilizado para aprovechar el miedo y sacar un beneficio.
Este delito, que ha provocado desde hace años, un desequilibrio en la vida de quienes son extorsionados y aun cuando se realice las denuncias pertinentes en muchas ocasiones la falta de mayores datos para iniciar una carpeta de investigación esta se deja en el olvido.
La extorsión la hemos sufrido todos los mexicanos, de manera directa o indirecta, y hemos aprendido a sortearla, pero no erradicarla, porque enfrentar a una delincuencia que en años pasados se sintió protegida por una política de “Abrazos y no balazos”, hizo que se extendiera aún más la utilización del delito ante la inacción de las autoridades.
Si en verdad se quiere acabar con el delito, deberá el gobierno federal y los otros dos niveles haciendo pruebas de probidad y honestidad a todos los servidores públicos. Con ello se iniciaría desde la raíz la solución del problema. Porque la extorsión muchas veces se cometen por la complicidad o la omisión de las autoridades.
La ley en contra de la extorsión deberá estar bien planteada cubriendo todas las vertientes existentes y obligar a la cooperación entre las autoridades, porque en muchas ocasiones se manifiesta que el delito es de índole local o federal y por ello la inacción de las autoridades.
Los pobladores de México deberemos sentirnos más seguros al saber que este delito será erradicado y que no habrá complicidad con los delincuentes o inacción de las autoridades que se convierte en impunidad.
Esperemos que los legisladores acudan a su área de trabajo, pero que también lean la iniciativa, que ellos la analicen de manera directa, y no a través de sus asesores, para mejorarla si es necesario o modificarla en los puntos más importantes.
Porque esto es un asunto de primera importancia, porque la población debe contar con las herramientas legales que obliguen a la autoridad a actuar y también con sanciones que inhiban el delito.
Porque se busca que el delito se sancione, pero que también las autoridades actúen con prontitud, para evitar la impunidad y el miedo de la gente a denunciar.

