Por Victor Barrera 
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el Fondo para Desastres Naturales (Fonden), creado en 1996, terminó convertido en un mecanismo burocrático, opaco y plagado de irregularidades, lo que llevó a su desaparición en 2021.
Originalmente, el Fonden fue diseñado para apoyar a los estados y municipios afectados por emergencias naturales, pero a lo largo de los años acumuló retrasos en la entrega de recursos, sobreejercicios y corrupción, según la funcionaria.
Buenrostro detalló que, entre 2000 y 2009, las reglas del fideicomiso se volvieron cada vez más complejas, lo que dificultaba la atención inmediata a las poblaciones afectadas.
“Tardaban hasta 120 días para atender emergencias y comenzar obras de reconstrucción”, señaló en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Solo para liberar recursos se requerían 42 días hábiles: tres para solicitar la declaratoria de desastre, otros tres para su dictamen y más de una semana para cuantificar los daños.
Aunque en 2010 se introdujo el mecanismo de Apoyo Parcial Inmediato (API) para acelerar la respuesta, la burocracia persistió. La federación podía aportar hasta el 50% de los recursos sin participación estatal, pero los retrasos continuaron.
La Secretaría Anticorrupción documentó casos graves de mala gestión y corrupción durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En Veracruz, el gobierno estatal no ejerció 531.7 millones de pesos de los 7,411 millones destinados para atender emergencias; en Tabasco, el entonces gobernador Andrés Granier utilizó 215.5 millones del Fonden para cubrir déficit financiero estatal, sin beneficiar a los damnificados.
Durante el sexenio de Peña Nieto también se detectaron desvíos en el Plan Nuevo Guerrero, creado tras los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, donde la SEDATU contrató 445.4 millones pese a que solo se habían autorizado 120.6 millones. Además, 30 de los 43 fraccionamientos construidos para reubicar familias afectadas quedaron deshabitados o con fallas estructurales.
Los sismos de 2017 evidenciaron nuevamente las fallas del Fonden. Se emitieron 18 declaratorias con demoras de hasta 20 días y se destinaron 19,804 millones de pesos, de los cuales el 93% provino del fondo.
Sin embargo, sólo 35% de las viviendas afectadas fueron supervisadas y hubo pagos irregulares por honorarios y supervisiones sin justificación. En el sector educativo, la reconstrucción de escuelas tardó más de seis meses, y en salud sólo 28 de 132 unidades médicas reportadas fueron realmente reconstruidas.
Incluso se detectaron donaciones privadas por más de 5,000 millones de pesos canalizadas a través de Fuerza México, cuyo manejo nunca se transparentó.
Buenrostro señaló que en 2018, año electoral, el Fonden registró un uso inusual de recursos, ya que 46 de las 57 declaratorias de desastre correspondieron a olas de calor, lo que evidenció un posible uso político del fondo.
La funcionaria destacó que el actual modelo de atención a emergencias busca evitar intermediarios y corrupción, privilegiando la entrega directa de apoyos a la población y reduciendo los tiempos de respuesta.
“Hoy se actúa más rápido y con transparencia. El apoyo es directo a la población”, subrayó.