Por Victor Barrera 
Por Víctor Barrera
Recientemente el Poder Ejecutivo envío una iniciativa para crear la Ley de Aguas Nacionales, donde se pretende que la regulación y distribución del agua este realmente normado, para con el objetivo de erradicar un problema que al paso de los años se ha incrementado, que el costo del agua potable siga incrementándose para la gente y el agua para la siembra sufra también el mismo problema
Esto es derivado a que, ante la necesidad de obtener el agua, el crimen organizado ha entrado, desde hace décadas en el negocio ilícito de realizar huachicol de agua para luego venderla.
Ante el número excesivo de fugas de agua en todo el sistema hidráulico del país, la escasez de agua fue en aumento, hecho que ha sido capitalizado por quienes organizados extraen agua de los pozos para venderla en lugares donde el agua escasea de manera importante. Lamentablemente estos lugares son en comunidades o asentamientos humanos donde la pobreza es un fenómeno recurrente. Es decir se hace negocio con los más pobres del país.
Esta red de delincuencia, porque para extraer agua de los pozos, necesariamente estos son cuidados por funcionarios públicos quienes dan la orden de dejar pasar a las pipas no reguladas para vender después el líquido vital.
El agua robada se comercializa con logotipos de agrupaciones, que en muchos de los casos no están legalmente registradas ante las autoridades, pero que hacen el negocio con la necesidad de la gente de tener agua para realizar sus diferentes actividades.
Así, ante esta falta de agua, la población se ve obligada a comprar la que esos grupos venden en sobreprecios, debemos anotar que el agua puede ser potable para consumo humano o no potable para el riego del campo agrícola entre otras cosas.
Este problema no es local de una comunidad o municipio, ni siquiera de un Estado, es un problema nacional, que durante décadas ha sido aprovechado por grupos delictivos.
Aunque no se sabe con exactitud cuál es el total de agua que esos grupos delictivos sacan de los pozos del país o perforando otros pozos irregulares, se estima que las cantidades de recursos que deja el huachicoleo del agua es por miles de millones de pesos en toda la república.
Se espera que, con la aprobación de esta iniciativa de Ley, se pueda combatir el huachicoleo, pero también se aporten recursos para modernizar la tubería hidráulica para que la distribución de agua pueda llegar a todos las comunidades y municipios del país, sin que las fugas de agua sea otro problema.
Sin embargo, esta iniciativa tendrá que esperar, por lo menos un tiempo más, posiblemente hasta el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de esta legislativa, que a priorizado algunas otras iniciativas como la Ley en contra de la extorsión y por supuesto aprobar el presupuesto de egresos para el 2026.
Mientras tanto, podrían las autoridades del país, ir revisando las agrupaciones y sindicatos de distribuidores de agua, porque muchas de ellas no están reguladas conforme a la ley, pero también fincar responsabilidades a las autoridades y funcionarios públicos que se han aprovechado para extraer agua de los pozos y venderla a sobreprecio.