Por Victor Barrera 
Productores del campo morelense mantienen bloqueos en varios puntos de la Autopista Siglo XXI, lo que ha provocado fuertes afectaciones viales hacia Puebla y el Estado de México. Advirtieron que podrían prolongar la protesta hasta por dos días si no reciben respuesta a sus demandas.
Las concentraciones comenzaron en el municipio de Jantetelco y se extendieron hacia Temoac, donde los manifestantes utilizan tractores y vehículos agrícolas para obstruir ambos sentidos de la vialidad. La acción forma parte de una jornada nacional de movilización que involucra a estados como Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Baja California, Nayarit, Durango, Querétaro, Tlaxcala y Estado de México.
La protesta afectó a automovilistas y conductores de transporte público y privado, quienes tuvieron que modificar sus rutas de trayecto. En algunos casos, los vehículos intentaron ingresar por localidades de los municipios bloqueados, mientras que otros optaron por retornar para evitar quedarse varados.
El transporte concesionado convencional enfrenta una crisis estructural que amenaza su viabilidad financiera, advirtieron representantes de Movilidad de Vanguardia (Mova), organización que agrupa a 20 empresas y miles de transportistas en la capital.
Alejandro Luna, coordinador general de Mova, explicó que los ingresos por tarifa no cubren los costos reales del servicio, incluyendo mantenimiento, combustible y salarios de choferes, por lo que los concesionarios han asumido históricamente los déficits. “El 70% de las empresas está en crisis y la mitad en quiebra”, dijo.
Mova llamó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y al Congreso de la Ciudad de México a establecer un modelo tarifario y de subsidios que asegure la operación del transporte concesionado.
Al ser consultado por Proceso, el equipo de comunicación de Mova explicó que un aumento en la tarifa del transporte público no resolverá por sí solo los problemas financieros del sector, cuyo costo real por pasaje incluye mantenimiento, salarios, combustible, llantas, impuestos y adeudos por unidades recientes.
Por ello, señalaron que se requiere establecer un esquema de apoyo combinado con la autoridad, que podría incluir un ajuste parcial en la tarifa —ellos mismos mencionaron como ejemplo un monto de dos pesos— acompañado de bonos para gasolina, apoyos para créditos u otros mecanismos.
“No hay una cifra precisa acerca del subsidio, es sentarse a negociar y ver qué esquemas plantea el gobierno, puede ser algo combinado, como 2 pesos de tarifa, bono de gasolina, apoyo para créditos, etcétera. No es una petición exacta de tanto o hago plantón, como los de la FAT (Fuerza Amplia de Transportistas), es que se comprenda las dificultades que enfrentan y que están al borde del colapso”, indicaron.
El planteamiento se produce en un contexto en el que los sistemas operados por el gobierno, como el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), reciben subsidios importantes: mientras el Metro cobra cinco pesos por viaje, su costo real es de 22; la RTP cobra cuatro, pero cuesta 15. Los transportistas reclaman que un esquema similar para el concesionado es indispensable para garantizar el derecho a la movilidad.
Luna explicó que desde la pandemia, el sector perdió hasta el 80% de sus pasajeros, y aunque la demanda se recuperó parcialmente, sigue por debajo del nivel previo a 2020. A ello se suma, agregó, una proyección oficial que sobreestimó la demanda real entre 30 y 33%, lo que afectó la planeación de rutas y la rentabilidad de las empresas.
Según los transportistas, sin cambios en la política pública, el sector podría seguir deteriorándose, afectando a más de un millón de usuarios que dependen diariamente del servicio.