Por Victor Barrera 
El diputado Ulises Mejía Haro (Morena) sostuvo que Zacatecas fue el primer estado en el país en tipificar la violencia vicaria como delito, en el año 2022; sin embargo, no existe aún ninguna sentencia por este delito, por lo que es preciso fortalecer la legislación estatal.
En ese sentido, informó que presentó en el Congreso de Zacatecas una iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal de Zacatecas, y que luego lo hará ante la Cámara de Diputados para garantizar mayor protección a las infancias que sufren violencia vicaria.
En conferencia de prensa, expuso que su propuesta establece la creación de un sistema de alerta temprana para prevenir la violencia vicaria y la sustracción de menores.
«Es decir, que este sistema pueda ayudarnos a una detención oportuna de riesgos ante la sustracción o daño a menores, así como articular todas las instituciones, las escuelas, los servicios de salud y las propias autoridades judiciales», señaló.
Además, agregó, esta alerta temprana también pretende promover la prevención de la revictimización de las madres, hijas e hijos.
Mejía Haro indicó que su iniciativa plantea también la creación de un registro de agresores vicarios, como una herramienta oficial controlada por la propia Fiscalía General de Justicia de Zacatecas para documentar y analizar estos casos.
«Que no sea público, pero sí que se permita cruzar la información para que se eviten custodias a agresores reincidentes, es decir, será reservado para las autoridades judiciales, pero tendrá que ser, obviamente, cruzado esta información, previo a que se pueda otorgar alguna custodia y revisar que estos hombres no hayan sido agresores reincidentes» explicó.
Asimismo, comentó que este documento propone la tipificación de la violencia vicaria como delito autónomo, lo que quiere decir que se reconocerá penalmente este tipo de violencia aun cuando no exista violencia directa contra la mujer.
De igual manera, dijo, se estipulan sanciones equivalentes a las previstas por los delitos de violencia familiar agravada.
Reiteró que el objetivo es brindar mayor protección a las infancias que hoy enfrentan esta violencia y que lamentablemente sigue siendo una violencia invisible.
También, apuntó, reducir el grado de impunidad que mantienen separados a menores de sus madres y que se judicialicen los casos, basados en evidencia y perspectiva de género.
Mejía Haro subrayó que, además, se impulsa la capacitación continua a ministerios públicos, jueces, defensorías y personal especializado.
«Se trata de una iniciativa que busca garantizar que ningún agresor utilice a las hijas e hijos como armas de violencia», concluyó.