Por Victor Barrera 
La resolución fue tomada durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, donde la autoridad consideró que existen elementos suficientes para mantener al imputado, Jesús Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), bajo resguardo mientras se define su situación jurídica.
La resolución fue emitida por la jueza Guillermina Matías Garduño, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, en cumplimiento del oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la causa penal 400/2020.
De acuerdo con la determinación judicial, al exrector se le atribuye probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en calidad de probable autor material.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso por los delitos mencionados. La defensa, encabezada por el abogado Julio Hernández Barros, solicitó el uso del plazo constitucional de 144 horas para presentar pruebas, por lo que la audiencia de vinculación quedó programada para el miércoles a las 12:00 horas.
El litigante explicó que la audiencia inició la noche del jueves y se prolongó hasta el mediodía del viernes, luego de un receso concedido para que la defensa revisara la carpeta de investigación.
“Son miles y miles de fojas, muchas sin relación con el caso del doctor Vera. La fiscalía ha reunido información de diversas fuentes, inflando la carpeta con datos que no son delictuosos”, detalló Hernández Barros.
El abogado indicó que la jueza impuso la prisión preventiva oficiosa, con base en la Constitución, sin entrar al análisis de convencionalidad.
“A diferencia de otros juzgadores, esta jueza se apegó estrictamente a la norma constitucional. No debatió la medida, simplemente la aplicó por mandato legal”, señaló.
Hernández Barros consideró que la medida es “excesiva y desproporcionada”, pues su cliente “jamás se ha sustraído de la acción de la justicia” y ha permanecido siempre en su domicilio.
“Fue la propia FGR la que no ejecutó la orden de aprehensión durante cuatro o cinco años, pese a tenerla. Este intento por detenerlo ocurre justo cuando estaba a punto de que un tribunal colegiado le concediera el amparo”, añadió.
El defensor aseguró que la carpeta está integrada con hechos sin relación con la UAEM ni con el exrector, y calificó el proceso como una fabricación sin sustento jurídico.
“La mayoría de los datos de prueba ni siquiera guardan relación con este caso. Todo esto busca involucrarlo en hechos que no son constitutivos de delito”, subrayó.
Asimismo, negó que el caso esté vinculado con el esquema de desvíos conocido como ‘La Estafa Maestra’, como se ha especulado.
“Alejandro Vera es absolutamente inocente de estas acusaciones. Su gestión en la universidad fue impecable; muchas personas hoy son profesionistas gracias a sus políticas públicas inclusionistas. No tiene relación con Peña Nieto ni con ningún partido político. Que haya sido rector durante ese sexenio fue solo una coincidencia”, puntualizó.
Sobre las declaraciones del exgobernador Graco Ramírez, quien celebró la detención del exrector, Hernández Barros las calificó de “reprobables” y sin sustento.
“Graco se vanagloria de la detención de un inocente. Es un hombre políticamente acabado, y me parece un acto miserable aprovecharse de una injusticia”, expresó.
El abogado reconoció que, aunque en su momento la persecución contra Vera tuvo origen político durante la administración de Ramírez Garrido Abreu, actualmente no considera que el exgobernador mantenga influencia alguna.
?“Es la cola de aquella andanada de desprestigio que él inició, pero hoy no tiene fuerza política ni peso en este proceso”, sostuvo.
También destacó la actuación respetuosa y apegada a derecho de la jueza Matías Garduño, pese a no compartir su criterio en materia de prisión preventiva.
“Durante toda la audiencia se respetaron las garantías del procesado. La jueza fue muy cuidadosa y observó los derechos humanos, salvo en el tema de la prisión preventiva, donde consideramos que hubo una violación al principio de convencionalidad”, apuntó.
El defensor informó que su cliente se encuentra fuerte y de buen ánimo, y que enfrentará el proceso con entereza.
“Es un hombre de convicciones firmes, con la frente en alto. Confiamos plenamente en la justicia y en que pronto se acreditará su inocencia”, afirmó.
Por el momento, el exrector permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, mientras se define si será vinculado a proceso.