Por Victor Barrera 
El coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (IBERO CDMX), Ernesto López Portillo, explicó que la evidencia científica internacional de los últimos 40 años demuestra que los mejores resultados en seguridad se alcanzan desde los gobiernos locales, a través de instituciones cercanas a la ciudadanía.
“Las autoridades municipales son las únicas con capacidad para construir seguridad, convivencia y justicia porque están en contacto directo con la gente, calle por calle”, afirmó.
El especialista insistió en que el despliegue militar o federal nunca alcanzará una presencia efectiva en los territorios y que, por el contrario, la inversión debe enfocarse en fortalecer las policías municipales, la justicia cívica y los servicios de prevención de violencias familiares, escolares y laborales.
“Cada intervención federal termina evadiendo la creación de políticas de Estado de largo plazo que fortalezcan a los municipios”, sostuvo.
El Programa de Seguridad Ciudadana, que encabeza López Portillo, presentó un documento con 15 recomendaciones para construir políticas de seguridad, convivencia y justicia “legítimas, sostenibles y eficaces”, en respuesta a la pregunta formulada por la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente de “¿qué proponen?”, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
Se planteó la implementación de entidades públicas de supervisión ciudadana con facultades legales y presupuesto propio, semejantes a las que operan en países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Estos organismos, explicó López Portillo, tendrían órganos de gobierno mixtos —con funcionarios y ciudadanía— y serían independientes de las instituciones que vigilan, en particular las policías.
También, mencionó el fortalecimiento de los observatorios ciudadanos integrados por universidades, iglesias y organizaciones sociales, inspirados en experiencias de ciudades colombianas como Cali, Bogotá y Medellín, donde la participación académica y comunitaria ha contribuido a reducir homicidios y mejorar la rendición de cuentas.
Al ser consultado sobre los riesgos de transferir más responsabilidades a municipios donde el crimen organizado mantiene control político o territorial, López Portillo advirtió que “también hay una contaminación criminal de magnitud desconocida en gobiernos estatales y federales”.
Por ello, el académico planteó la necesidad de reformas profundas para garantizar la autonomía política, técnica y presupuestal de la Fiscalía General de la República, y llamó a considerar mecanismos internacionales de justicia transicional, como los implementados en Colombia y Guatemala.
“México necesita una Comisión de la Verdad y colaboración internacional temporal para investigar la macrocriminalidad. El nuevo Índice Global de Delincuencia Organizada confirmó que los principales actores que favorecen al crimen son funcionarios del Estado. El Estado es parte del problema que debe investigarse”, advirtió.
A través de su planteamiento, la Ibero criticó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) ha fallado durante tres décadas en promover, evaluar y replicar buenas prácticas locales.
“La crisis de violencias, delincuencia e impunidad no se detendrá mientras este pasivo no sea resuelto”, señaló el documento.
Se propuso, ante ello, crear un consejo científico asesor independiente que identifique y evalúe buenas prácticas locales para ser replicadas a nivel nacional bajo la coordinación del SNSP y la Conferencia Municipal de Seguridad Pública
Propuestasde la Ibero
- Priorizar a los municipios como eje central de la seguridad.
- Replicar buenas prácticas municipales en seguridad.
- Crear un consejo científico asesor independiente para evaluar políticas locales.
- Desarrollar diagnósticos municipales.
- Fortalecer la justicia cívica y la prevención comunitaria.
- Consolidar redes regionales de respuesta rápida entre municipios.
- Establecer oficinas coordinadoras municipales.
- Impulsar observatorios ciudadanos independientes.
- Abandonar la centralización y militarización, y sustituirla por un modelo de proximidad local.
- Fortalecer la autonomía profesional y presupuestal de la FGR.
- Implementar medidas de justicia transicional y macrocriminalidad.
- Supervisión ciudadana del Sistema Nacional de Seguridad Pública.