La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2026 fueron aprobados hace unas semanas; sin embargo, se hizo sin la propuesta de incrementar hasta en 50 por ciento los aranceles a los países con los que México no tienen tratado comercial. La pausa, coinciden especialistas, está relacionada con el posible impacto que una medida de este tipo puede tener en las cadenas de valor y por consiguiente en los precios al consumidor.
En términos generales, la propuesta consistía en aumentar las tarifas de importación de 10 por ciento promedio actual a 35 por ciento, aunque para algunas fracciones arancelarias (productos) se elevarían hasta 50 por ciento; lo anterior, según explicó en varias ocasiones el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, era con el objetivo de proteger lo hecho en México, fortaleciendo la economía nacional e impulsando una política industrial que reduzca nuestra dependencia del exterior.
Recientemente, el funcionario confirmó que la Cámara de Diputados aplazó para finales de este mes la votación a fin de incorporar información de las consultas con los sectores productivos.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), cuando un país impone un arancel sobre ciertos productos, los fabricantes nacionales de esos bienes se ven beneficiados, pues al aumentar los precios de las importaciones, pueden elevar tanto su producción como los precios. En contraste, los consumidores enfrentan una peor situación, pues terminan pagando más y comprando una menor cantidad de productos.
“Aunque estas medidas tienen como propósito impulsar la industrialización del país, el mercado interno y promover la sustitución de importaciones, su aplicación puede implicar una transferencia de recursos de los consumidores nacionales tanto a productores como al gobierno, elevar los precios y, en ciertos casos, retrasar la inversión en sectores protegidos por lo que su aplicación debe ser temporal”, apuntó el organismo.
Según datos de la Secretaría de Economía, México cuenta con 14 tratados de libre comercio con 52 países, en los que no figuran China, Corea del Sur, India o Taiwán, entre otros, desde donde nuestro país importa cantidades importantes de productos de las industrias automotriz, textil, del vestido, plástico, siderurgia, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, papel, cartón, motocicletas, remolques y vidrio.
Aunque el mismo Ebrard ha dicho que la medida no va dirigida a ningún país en específico, en múltiples ocasiones ha señalado el enorme déficit que México mantiene con Asia: “Cuál es el razonamiento principal que motiva a los aranceles? El crecimiento del déficit que tenemos con respecto a Asia. De 2020 a 2024 creció 83 por ciento. Si nosotros no tomamos medidas, no va a haber cómo financiar eso. Imagínate: en cuatro años 80 por ciento, casi se duplica”, dijo en septiembre en un encuentro de Amazon.
Por su parte, la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, ha señalado que elevar los aranceles encarecería insumos, reduciría la competitividad y presionaría la inflación, dado que México depende de componentes chinos para su manufactura exportadora.
El tema no ha pasado inadvertido para el gobierno chino, que comenzó una investigación formal sobre los aranceles anunciados por México, y aunque por ahora están en pausa a la espera de ser discutidos a finales de año, recientemente la embajada de China en México enfatizó en que “aboga por una globalización económica beneficiosa e inclusiva para todos, y se opone al unilateralismo, el proteccionismo y cualquier medida discriminatoria y exclusivista. China se opone firmemente a la imposición de restricciones en su contra y a que se dañen sus intereses legítimos bajo coerción”.

