Por Victor Barrera 
A fin de que la planeación del desarrollo social esté vinculada obligatoriamente a instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que coadyuven en la erradicación de la pobreza, exclusión, discriminación, violencia y otros factores que limitan el desarrollo humano, la diputada Ana Isabel González González (PRI) impulsa una iniciativa.
El documento, que adiciona un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social y turnada a la Comisión de Bienestar, expone que la política social en México se enfrenta a una serie de desafíos estructurales que van más allá de las fronteras nacionales, entre ellos la pobreza multidimensional, desigualdad territorial, violencia, exclusión infantil, rezago educativo y crisis climática, que son problemas interdependientes que requieren un enfoque integral.
Refiere que en la actualidad, la Ley General de Desarrollo Social carece de una conexión clara y explícita entre sus disposiciones y los instrumentos internacionales que rigen el desarrollo social. Esta falta de alineación provoca una fragmentación institucional que dificulta la integración de los compromisos internacionales en las políticas nacionales.
Hace notar que la relación entre la ley antes referida y diversos instrumentos internacionales, como la Agenda 2030 y otros tratados multilaterales, reviste una importancia estratégica, técnica y ética para México. Esta vinculación no solo fortalece el marco normativo nacional, sino que también asegura que las políticas públicas se alineen con los compromisos internacionales asumidos por el país.
La diputada González González asegura que la integración de la ley mencionada con los instrumentos internacionales es fundamental para lograr una coherencia normativa que alinee la política social nacional con los compromisos adquiridos en el ámbito multilateral, que garantice que las políticas implementadas respondan a estándares globales y permitan un fortalecimiento técnico a través de indicadores globales.
De aprobarse la iniciativa, se anticiparía una mejora en la focalización tanto territorial como poblacional de los programas sociales. Asimismo, se busca posicionar a México como un actor comprometido con el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos y se prevé un fortalecimiento de la cohesión social y la resiliencia de las comunidades, elementos esenciales para enfrentar desafíos futuros.
“Vincular la legislación nacional con los instrumentos internacionales se convierte en un acto de convicción que refleja la necesidad de una visión global y un compromiso local hacia la justicia social”, subraya.