Por Victor Barrera 
Después de más de tres años privados de la libertad, los cinco defensores comunitarios de San Juan Cancuc fueron liberados el jueves luego de que un Tribunal Colegiado resolviera a su favor los amparos que mantenían en curso. Organizaciones de derechos humanos calificaron el fallo como un acto de justicia largamente esperado.
Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron detenidos el 29 de mayo de 2022, permaneciendo en prisión mil 272 días.
Por su parte, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco fueron detenidos el 1 de junio de ese mismo año y estuvieron privados de la libertad mil 269 días.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) agradeció la solidaridad de personas, colectivos y organizaciones que acompañaron la exigencia de libertad durante este periodo.
“Hoy es un hecho: nuestros compañeros están en libertad, y les abrazamos con la energía colectiva que rompe las cadenas de la opresión”, expresó la organización.
Los hechos se remontan a mayo de 2022, cuando los cinco defensores fueron detenidos tras la muerte de un policía municipal. Desde entonces enfrentaron un proceso legal señalado por múltiples irregularidades, entre ellas la presunta fabricación de delitos, la falta de intérpretes pese a que el español no es su lengua materna, así como la incomunicación de tres de ellos durante 24 horas, lo que un Grupo de Trabajo internacional calificó como una forma de desaparición forzada.
Los detenidos fueron reconocidos como defensores de derechos humanos y del territorio, involucrados en la oposición a megaproyectos como la autopista San Cristóbal–Palenque y a la militarización de sus comunidades. De acuerdo con organismos internacionales, su activismo y su pertenencia al pueblo tseltal habrían sido factores determinantes en su criminalización.
El Grupo de Trabajo concluyó que la detención fue discriminatoria, motivada tanto por su labor en defensa del territorio como por su origen indígena. El caso refleja un patrón de criminalización contra comunidades que enfrentan intereses estatales, empresariales e incluso del crimen organizado en Chiapas.
La situación de los cinco defensores generó preocupación dentro y fuera del país. Colectivos de derechos humanos, organizaciones indígenas como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), así como figuras religiosas como el obispo Rodrigo Aguilar Martínez manifestaron su respaldo y denunciaron la criminalización de las comunidades indígenas en Chiapas.
Con la resolución del Tribunal, los cinco defensores recuperaron su libertad y regresan a sus comunidades después de más de tres años de lucha legal y acompañamiento social.