La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Extorsión, que aumenta las penas de 15 a 20 años, y con las agravantes aprobadas previamente por el Senado, pueden llegar hasta los 42 años.
Los diputados aprobaron en lo general y en lo particular por 450 votos a favor la norma que homologa y armoniza el marco jurídico que permite combatir ese delito en todo el territorio nacional, y establece que se investigará de oficio y se podrá denunciar de forma anónima.
También fija que los servidores públicos que se abstengan de denunciar el delito ante el Ministerio Público o en caso de urgencia ante la policía, pueden tener una pena 10 a 20 años.
Además de que se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión para quien, sin la autorización correspondiente, introduzca a un centro de readaptación social o establecimiento penitenciario algún dispositivo electrónico o telefonía fija o móvil.
La reforma fue enviada por el Senado de la Republica a la Cámara de Diputados debido a que se le hicieron 20 cambios a 15 artículos. Al ser aprobada en San Lázaro, la reforma fue enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su posterior promulgación.
Reclamos encienden el debate
La discusión fue fluida, ya que todos los partidos estaban a favor de la iniciativa. Sin embargo, el diputado panista Marcelo de Jesús Torres Cofiño encendió el debate al señalar que la oposición en San Lázaro ya había explicado con calma los cambios que necesitaba la reforma, pero que fueron desdeñados por el oficialismo.
Finalmente los cambios se le realizaron en el Senado.
“Las modificaciones del Senado se parecen sospechosamente a lo que les explicó nuestro coordinador, Elías Lixa, con altura y con paciencia de maestro de primaria: aumentar penas, crear unidades especializadas, pulir errores básicos de redacción, eliminar barbaridades jurídicas como las que ustedes defendieron casi con orgullo. Todo lo que negaron aquí el Senado lo corrigió allá”, detalló.
Ante ello, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que se tiene que abandonar esta actitud facciosa, esta actitud de soberbia, de altanería, de ‘se los dije’”, algo que consideró no solo odioso, sino una falta de tacto en un debate parlamentario que debió ser de más altura y de más nivel.
“En un sistema bicameral, en un sistema como el nuestro, revisar los actos de la colegisladora deberían ser algo normal y no tendría ni por qué ofender ni por qué incomodar a ningún legislador, ni ufanarse, porque esto es el sistema bicameral, las cámaras actúan como auténticas revisoras de los actos de la otra.
“Yo acepto la parte que me corresponde, porque debatí esa noche y lo hice con pasión, con lo que yo considero mi verdad. En este acto procesal legislativo que se revisó y que estamos asistiendo a que la Cámara de Diputados confirme su decisión, se allane a la decisión de la colegisladora o no acepte lo que la colegisladora hizo. Y si no lo aceptáramos, también no tendrían por qué ofender, lastimar o descalificar los actos que se ejercen con motivo de nuestras tareas”, agregó.

