Por Victor Barrera 
Fue asesinado con arma de fuego el representante agrario de la comunidad indígena de San Lorenzo de Azqueltán, del municipio de Villa Guerrero, Jalisco, Marcos Aguilar Rojas, este miércoles en dicha población. En el mismo ataque resultó herido por arma de fuego el hermano de la víctima, Gabriel Aguilar Rojas, delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI).
De acuerdo con un pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena, este organismo denunció “con indignación, rabia y profunda preocupación” que el ataque ocurrió este 26 de noviembre en el predio comunal El Caracol, una zona en disputa por intentos de despojo atribuidos a pequeños propietarios y caciques locales.
El CNI identificó como presuntos agresores a Esteban Aguilar Herrera, Manuel Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Víctor Hugo Pérez, Favio Flores Sánchez y Abraham Pérez, quienes huyeron en un vehículo gris hacia Villa Guerrero o Mezquitic, “todos ellos vinculados a los caciques y pequeños propietarios del municipio de Villa Guerrero, Jalisco”.
La organización señaló que los conflictos agrarios en San Lorenzo de Azqueltán permanecen sin resolución “por la falta de reconocimiento oficial de la comunidad indígena”, situación que atribuye al gobierno federal. También responsabilizó al gobierno de Jalisco por lo que calificó como “un contexto de impunidad que favorece a los grupos que mantienen confrontaciones con la comunidad”.
El CNI afirmó que el asesinato de Aguilar Rojas forma parte de “un patrón de agresiones contra pueblos originarios que defienden su territorio y advirtió que no permitirá que el caso quede sin castigo”. Exigió sanciones contra los responsables materiales e intelectuales, así como garantías de seguridad para los habitantes de San Lorenzo de Azqueltán, situado en la zona Norte de Jalisco.
En el cierre del pronunciamiento, el Congreso Nacional Indígena expresó condolencias a la familia de Aguilar Rojas y a la comunidad.
Denuncia de la comunidad indígena tepehuana y wixárika ignorada
Cabe recordar que desde hace tres semanas la comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, en Villa Guerrero, Jalisco, denunció un despojo violento en terrenos comunales en litigio agrario. Señaló que, desde el 4 de noviembre, presuntos policías investigadores de la Fiscalía del Estado ingresaron a varios predios, exigieron a los comuneros que los abandonaran y se llevaron materiales de construcción.
La abogada de la comunidad, Quetzal Prado, afirmó que los agentes actuaron sin identificarse y fuera de su competencia, pues la disputa por la tierra se encuentra en trámite ante el Tribunal Agrario 16. Tras el incidente, personal de la fiscalía en Villa Guerrero confirmó que los elementos involucrados pertenecen a la institución.
Los comuneros acusaron que los policías llegaron armados, los insultaron y los amenazaron con detenerlos. En el predio La Cueva de la Mosca retiraron materiales usados para construir un pozo. La comunidad sostiene que estas acciones favorecen al particular Refugio Raygoza, quien buscaría ampliar de forma irregular una posesión que la comunidad había tolerado.
San Lorenzo de Azqueltán mantiene desde 2015 un juicio agrario por el reconocimiento de 39 mil hectáreas en posesión de 119 comuneros. Asegura que enfrenta hostigamiento mediante carpetas de investigación “sin sustento” y que la fiscalía no atiende con la misma diligencia las denuncias por agresiones y amenazas contra sus habitantes.
La comunidad solicita una reunión urgente con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos Indicó que, después de ese diálogo, presentará una denuncia formal y acudirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Sus autoridades comunales reiteraron que seguirán defendiendo su territorio.